Algo para gremios: ahora llaman a Consejo del Salario

«Si se puede elegir presidente, es insólito que no se pueda elegir médico.» Debe haber sido doloroso para Fernando de la Rúa renunciar a esa frase, que pronunció en varias presentaciones públicas y en más de una reunión de gabinete, citando a su verdadero autor, el presidente de México, Vicente Fox. Lo dijo cada vez que quiso defender la desregulación de obras sociales que había decretado.

La libertad de opción quedó convertida, a partir del decreto que el miércoles le dio de baja, en una quimera. Los sindicalistas lograron lo que se habían propuesto al comienzo, cuando se estableció la posibilidad de que cada afiliado pudiera confiar su salud a una obra social o a una empresa de prepago: convertir el decreto en una ley que navegue eternamente por el Congreso, donde ellos consiguen permanentemente conservar sus «cajas» como se demostró en la ley de poderes especiales, esta semana.

Negociación

El gobierno negoció el decreto con los distintos sectores del gremialismo (José Rodríguez y el abogado Héctor Recalde, por la CGT de Hugo Moyano y Carlos West Ocampo, Luis Barrionuevo y Armando Cavalieri por la de Rodolfo Daer). En el caso de Moyano, Patricia Bullrich consiguió que diera de baja un paro que el camionero había prometido realizar para cuando Buenos Aires fuera sede de la reunión internacional de ministros de Comercio por el ALCA. En la transacción, como De la Rúa, el sindicalista Moyano debió renunciar también a una frase: «Cuando convoco a un paro, jamás lo doy de baja». Otra perla para el recuerdo.

Para que los sindicatos del transporte renunciaran a la medida de fuerza, la ministra resolvió convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Lo iba a presidir José Uriburu, ex ministro de Trabajo de Carlos Menem. Pero a Moyano le pareció demasiado: recordó que Uriburu había sido procesado y consiguió que la Bullrich lo haga renunciar (es un método habitual en las designaciones del gobierno, que los ministros suelen copiar del Presidente). La ministra se ubicó ella misma al frente del Consejo.

La convocatoria a este organismo que integra a empresarios y trabajadores toma muy en serio el objetivo de reactivación que se ha propuesto el gobierno con la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía: los sindicalistas pretenden que se aumente el sueldo mínimo, de tal manera que también suban los básicos de convenio y, de ese modo, toda la escala salarial.

Con la desregulación de las obras sociales, además, la CGT conseguirá reponer la «caja» del fondo de redistribución, que el método adoptado por José Luis Machinea había abolido. En efecto, el decreto firmado por el ex ministro de Economía y Carlos Alvarez preveía recaudar y asignar los recursos a través de la DGI. Esto generaba un mecanismo automático, sustraído a la política. Los sindicalistas se lo hicieron ver a De la Rúa en la última reunión reservada que mantuvieron: «Antes -le dijeron-, con la caja de la Anssal, el gobierno nos disciplinaba; por ejemplo, en el '89, Barrionuevo le consiguió a Carlos Menem 135 gremios con sólo sentarse sobre esos fondos. Ahora, con el sistema que idearon ustedes, nunca tendremos que agradecerle nada a nadie». De la Rúa comprendió, miró a su ministro de Salud, Héctor Lombardo, y ordenó reponer lo que se había perdido.

El gobierno consiguió frenar un paro, el de Moyano -pensado para cuando hubiera visitas-, dando de baja un decreto que nunca tuvo una buena formulación. Su mayor debilidad fue que tampoco las empresas que quieren invertir en salud se presentaron a competir ni presionaron por el nuevo sistema. El gobierno les pensaba garantizar $ 20 por persona que aportara como mínimo, una cifra imposible de recaudar (hoy hay dificultades para conseguir $ 40 por familia). Y las compañías de medicina se quejaron también del alto nivel de evasión del sistema, que hace imposible establecer una ecuación económica previsible.

Imposibilidad

A estas dificultades, que los funcionarios nunca pudieron superar, se sumó la retahíla de amparos judiciales llevados adelante por los sindicalistas en defensa de sus cajas. El cuadro terminó siendo el de un gobierno que descontaba a unos, no descontaba a otros y no le pagaba a nadie, lo que daría lugar a reclamos judiciales todavía superiores.

Ahora los decretos (en diciembre hubo otro corrigiendo el de junio) se dieron de baja y pasaran a convertirse en un proyecto de ley, consensuado e imposible. Elegir médico, así, será más difícil que elegir presidente, como ocurrió siempre. Aunque, bien pensado el problema, tampoco vale la comparación: en estos días ha comenzado a gobernar quien salió tercero en la elección presidencial. Por lo menos de este modo las dificultades se emparejan.