Algunos dignos en Senado que resisten "ley Clarín"

La insólita «ley Clarín» sufrió ayer una inesperada -aunque testimonial- demora en la comisión de Legislación General del Senado, donde parte de los legisladores se rebeló contra el escandaloso apuro del gobierno de Eduardo Duhalde por complacer al monopolio y hacer votar hoy mismo el proyecto que licua su pasivo.

Los reclamos técnicos, que no mencionaron de manera explícita los vergonzosos beneficios que recibirá el monopolio «Clarín», obligaron a postergar desde la mañana hasta la noche la firma del despacho de comisión sobre la nueva ley de quiebras o «ley Clarín», a pedido de la senadora Malvina Seguí (PJ-Tucumán), quien se negó a «sacar proyectos a tambor batiente y sin poder debatir».

En síntesis, la cuestionada propuesta obliga a las entidades financieras a reprogramar las acreencias existentes al 30 de noviembre de 2000 y suspende por 180 días los pedidos de quiebras iniciados por bancos. Se busca así la licuación de pasivos, entre ellos, el del monopolio.

• Cumplimiento

Se trató, aparentemente, de una posición que terminó siendo minoritaria, ya que el PJ senatorial tiene previsto cumplir este mediodía en el recinto con el dictado a dúo del Ejecutivo y «Clarín», y dar media sanción a la reformas del régimen de quebrantos, aun cuando se cometa una insensatez jurídica.

En comisión, peronistas, radicales y provinciales coincidieron en que no se puede modificar la Ley de Quiebras con la excusa de la crisis. «Se trata de una norma de fondo, y necesitamos tiempo para discutirla y hacer consultas con juristas especializados; el texto recién lo conocimos anoche (por anteanoche) cuando ingresó a la Cámara y, por lo tanto, no podemos votar mañana (por hoy)», objetó el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, integrante del Interbloque Federal de partidos provinciales.

De inmediato, se contagiaron las damas del PJ, Sonia Escudero (Salta) y Seguí, que suelen mantener posiciones principistas, aun cuando puedan no gustar a la supremacía varonil del bloque que conduce José Luis Gioja. Eduardo Menem también advirtió sobre el peligro de legislar sumariamente y sin posibilidad de análisis. El senador riojano subrayó que «hay tiempo hasta fin de mes para aprobarla, ya que la feria judicial recién se levanta en febrero».

El rionegrino Miguel Angel Pichetto ofició de vocero del monopolio y habló de la emergencia, algo lógico tratándose de un emergente. «El Ejecutivo necesita que sancionemos este proyecto de inmediato, porque estamos en una crisis y todavía falta que la vote Diputados», se plantó el ex menemista devenido en duhaldista, previa escala en el ruckaufismo (que colaboró en su campaña por la senaduría). No se le sumó ninguno de los presentes, aunque después consiguió todos los refuerzos necesarios en la bancada justicialista, a puertas cerradas y cuando los lobbystas del monopolio ya habían visitado varias oficinas clave. Junto con él, también piden beneficios -como hace 30 años-empresarios de la UIA, como Héctor Massuh.

En Legislación General, dependencia que encabeza la sanluiseña Liliana Negre de Alonso, nadie se animó a mencionar lo que todos sospechan: que el proyecto -original del manzanista santafesino Oscar Lamberto y ahora corregido y aumentado por el duhaldismo a medida del holding Noble-Magnetto- servirá fundamentalmente para licuar el pasivo de «Clarín» y asegurarle al oficialismo un tratamiento benigno en sus páginas.

Todos recordaron que Lamberto, con auxilio de otro adláter de José Luis Manzano, el ubicuo porteño Miguel Angel Toma, apenas se animó a suspender ejecuciones por 180 días, sin avanzar sobre la Ley de Quiebras tal como ahora intenta el PEN con formato muy poco serio.

• Estudio profundo

Escudero, tras señalar que la materia en cuestión exigía «un estudio profundo», reflexionó sobre «el impacto que tendrá en deudores, trabajadores y acreedores». «El reemplazo del salvataje por la capitalización puede ser bueno, pero hay que verlo con detenimiento porque se trata de un modelo del derecho americano totalmente novedoso para nosotros», subrayó.

Gómez Diez comentó que, paradójicamente, la capitalización podía empeorar el marco del «corralito». «Si las financieras que son acreedoras están obligadas a tomar acciones de sus deudores incobrables, ¿cómo recuperan liquidez para devolver depósitos?», reflexionó el renovador de Salta. «La capitalización es forzosa y afecta el derecho de propiedad de los acreedores, porque es compulsiva», insistió apelando a la legalidad y en sintonía con Seguí.

Con timidez, el radical Eduardo Moro (Chaco) observó que «debería incluirse taxativamente a los pequeños deudores por compras menores, como electrodomésticos».