Alonso negó cargos por escrito en su primera indagatoria

Política

Señalada por no haber investigado a exministro Aranguren, sostuvo que no cometió delito y no hubo "conflicto de intereses" por su participación accionaria en Shell y ser funcionario del área Energía.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, pidió ayer su sobreseimiento en la causa en la que está acusada de encubrir al exministro de Energía Juan José Aranguren en un posible conflicto de intereses, al asegurar que el organismo adoptó todas las medidas que correspondían por su participación en la petrolera Shell. “Cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo; no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada; y desempeñé mi función pública con total integridad, probidad y buena fe”, sostuvo por escrito Alonso en su primera indagatoria.

Sin hacer declaraciones sobre la causa, Alonso ingresó al juzgado junto a su abogada Marta Nercellas, la misma letrada que defiende a funcionarios de la AFIP señalados por haber extraído de los sistemas información bajo secreto fiscal, y exrepresentante de la DAIA. En el juzgado de Luis Rodríguez entregó el escrito en el que negó los cargos por encubrimiento de Aranguren, que a su vez ya fue indagado por beneficiar a la multinacional Shell, de la que fue presidente y tuvo acciones mientras era funcionario.

“No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria en autos. El Ministerio Público Fiscal (Carlos Stornelli) no ha formulado ninguna imputación concreta a mi respecto, pese a lo cual fui convocada a sentarme en el banquillo de los acusados sin que existan razones válidas para ello”, sostuvo parte del escrito que presentó Alonso, cuestionando la decisión del juez de convocarla. Alonso explicó que en la4 OA se formalizó un expediente al mismo tiempo que se hacía la denuncia. En 2016, los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate denunciaron conflicto de interés y negociaciones incompatibles con la función pública por parte de Aranguren a partir del rebalanceo tarifario. La OA concluyó que no había conflicto de intereses. “Ante la primera noticia de que podía llegar a existir una posible incompatibilidad o conflicto de intereses en cabeza de Aranguren, la OA inmediatamente adoptó todas las medidas que normativamente correspondían, formando y sustanciando (en debido tiempo y forma) el expediente pertinente, tras lo cual concluyó que el nombrado no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública (Ley 25.188), destacando que no surgía su intervención en los expedientes promovidos por Shell ante el Ministerio de Energía y Minería ni en las operaciones de compra de gasoil a STUSCO”, subsidiaria de Shell. En el escrito, ratificó que la OA recomendó a Aranguren vender sus acciones, lo que el funcionario cumplió.

Explicó en ese sentido: “En oportunidad de pronunciarse -el 9 de septiembre de 2016- la OA consideró que si bien la ley no prohíbe la participación societaria en el capítulo destinado a conflictos de intereses, y que “si el funcionario se abstiene en los términos propuestos en este informe, el beneficio que obtenga la empresa en la que posee participación no lo hace incurrir en una de las hipótesis de conflicto de intereses contenidas en el capítulo V de la Ley 25.188, ya que la ley no lo obliga a desprenderse de sus acciones”.

Pero, dijo Alonso, aun así, y en “estricto cumplimiento del deber de prudencia” se le recomendó a Aranguren que “se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc. o adopte alguna medida patrimonial (tal como un fideicomiso ciego de administración y disposición)... a fin de evitar las acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública y la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, concluyó Alonso al solicitar que se le dicte el sobreseimiento. Ahora es Rodríguez, quien luego de haber indagado a Aranguren y a Alonso debe definir en diez días hábiles su situación procesal.

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