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El dato no es menor ya que la ausencia de los radicales del recinto podría impedir la votación del proyecto. Y comenzó a sobrevolar el Congreso la idea que el gobierno necesita esos poderes no sólo para manejar la mayor recaudación esperada -superior a lo proyectado- sino también para disponer de fondos extra para aplicar al pago de deuda, en caso de necesitar una mejora hoy no contemplada en los números, para ofrecer a los acreedores.
La decisión de los opositores se tomó ayer durante una reunión del Comité Nacional partidario donde participaron los jefes de los bloques radicales del Congreso y asesores como el mendocino Raúl Baglini.
Uno de los problemas es que el peronismo ha elegido como defensa al artículo 11 del proyecto de Presupuesto 2005 -que permite modificar partidas sin limitaciones o ejecutar gastos de capital como corrientes, todo sin sujetarse a la Ley de Administración Financiera del Estado ni a la reciente Ley de Responsabilidad Fiscal- una comparación con los «superpoderes» que el Congreso terminó otorgándole a Fernando de la Rúa, y más directamente a Domingo Cavallo, en la ley de emergencia dictada en marzo de 2001. Fue el mismo paquete que terminó desdoblado creando en primer lugar el impuesto al cheque y luego una cesión de facultades amplísimas para renegociar contratos viales o disolver y modificar entes públicos y mover a su personal, entre otros poderes.
La gran mayoría de esos «superpoderes» nunca fueron utilizados hasta que, en medio de la crisis final del gobierno aliancista, el Congreso los derogó por presión del peronismo.
Las facultades otorgadas fueron lo suficientemente amplias como para que Elisa Carrió en ese momento amenazara: «¡No votemos ese artículo! ¡No lo votemos, se los ruego! Si lo hicieran, con el dolor en el alma, voy a formular una denuncia de acuerdo con lo que prescribe el artículo 227 del Código Penal de la Nación». Se refería la jefa del ARI al delito de traición a la patria del que estaba acusando a todo el oficialismo.
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