Motorizado por la oficialista Diana Conti, el Congreso pretende regular por ley el régimen de jueces subrogantes de los tribunales de la Nación. La intención -según lo escrito en el proyecto de ley- es establecer un mecanismo que garantice que la designación de los magistrados suplentes recaiga sobre postulantes que hayan sido seleccionados por su idoneidad para el ejercicio de la magistratura y cuenten con el acuerdo del Senado.
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Aunque el texto de ley no lo expone, la idea central es recuperar un poder de decisión que el Congreso delegó hace tres o cuatro años, cuando cedió al Consejo de la Magistratura la potestad de elegir a los jueces subrogantes.
Sobre un total de 900 cargos de magistrados en la Justicia nacional y en la federal, hay 158 jueces que están ocupando sillas vacías. No es un número despreciable para la Casa Rosada que pone especial cuidado en los hombres que se instalan en los tribunales.
El sistema actual de la subrogaciones se realiza por un período con un límite máximo de 18 meses. Sin embargo, la práctica indica que ese plazo muchas veces ha sido superado sin que exista nombramiento de un titular. Estas designaciones de dudosa constitucionalidad a menudo resultan muy controvertidas porque los fallos de estos jueces suplentes pueden modificar jurisprudencia. Además, están a salvo de ser removidos mediante juicio político y sus nominaciones son fruto de un mecanismo donde no participan los políticos, es decir, ni el Ejecutivo ni el Legislativo.
La situación se ve agravada a partir de que el mismo órgano que lo designa, el Consejo de la Magistratura, puede removerlos con un simple procedimiento tramitado ante la Comisión de Disciplina. «Merece reparos el grado de discrecionalidad que tiene tanto el Consejo de la Magistratura como las Cámaras de Apelaciones que, sin perjuicio de la seriedad con que lo han hecho hasta el momento, pueden elegir al subrogante y confeccionar la terna prácticamente sin requisito alguno», sostiene el proyecto presentado por Conti.
El proyecto estuvo a punto de ser discutido el jueves pasado en el plenario del consejode jueces, pero una mayoría de los consejeros llegó tarde al cónclave y el debate se postergó. La iniciativa propone que sea el Consejo el encargado de evaluar que los elegidos cumplan con los requisitos y elevar los listados a la Cámara de Diputados para obtener acuerdo antes del 1 de octubre de cada año.
Será sobre la base de una terna compuesta por los jueces jubilados y los integrantes de la lista de sustitutos, en ese orden de preferencia. Por su parte, el orden de prelación de los jueces jubilados se determinará de acuerdo a quién se haya jubilado más recientemente; en cambio, el de los integrantes de la lista de sustitutos se establecerá según el orden de mérito establecido por el Poder Ejecutivo al remitirla al Senado, que estará basado en lo dictaminado por el Consejo de la Magistratura.
El Consejo deberá designar al primero de la terna tras un lapso en el que los particulares y las asociaciones puedan formular impugnaciones, garantizando así la transparencia del procedimiento y la idoneidad del magistrado subrogante, como sucedió con los candidatos a la Corte Suprema de Justicia.
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