Más allá de instalar un conflicto poco entendible en un momento en el que la política debe ocuparse de otras urgencias, el fallo de la Cámara Nacional Electoral que obliga al Congreso a incrementar la cantidad de diputados que representan a cada provincia marca un preocupante alejamiento de la realidad que vive el país por parte de la Justicia. Es sabido que, después de cada censo, debe hacerse un recálculo de la cantidad de miembros que debe tener Diputados. Es decir, cada 10 años. La actual composición se basa en los porcentajes del censo de 1980: son 257 y generalmente se los critica (con razón o no) por su bajo índice de productividad. El fallo de ayer derivó del reclamo de un votante cordobés que exige se aplique el censo de 2010 y se incremente el número de diputados. La pregunta es: ¿justo ahora debe resolverse una cuestión como esta que venía demorada por décadas? El Congreso Nacional y la Justicia pasan por el peor momento a la hora de medir su imagen positiva. El país está en medio de una crisis que le debe su genética a un déficit fiscal crónico. El Gobierno pide austeridad, ajusta y recorta empleo público. La contracara es que la Justicia le pide al Congreso que sume diputados y con ellos, más gasto. Un delirio.
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