Un informe del Ministerio de Salud detectó diferencias de hasta 4239% entre los valores pagados por la Agencia Nacional de Discapacidad y los precios de mercado en insumos ortopédicos. Esta semana comenzarán las indagatorias a empresarios vinculados a las contrataciones investigadas.
El Gobierno detectó compras con sobreprecios en ANDIS.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial luego de que una auditoría del Ministerio de Salud detectara presuntos sobreprecios millonarios en la compra de insumos ortopédicos. Según el informe oficial, algunas adquisiciones registraron diferencias de hasta 4239% respecto de los valores de mercado.
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La revisión incluyó compras de sillas de ruedas, prótesis y andadores realizadas por el organismo durante los últimos años. Desde la cartera sanitaria calificaron las diferencias detectadas como “injustificables” y señalaron que las inconsistencias motivaron una revisión integral de los mecanismos de contratación.
La causa está en manos del fiscal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello, quienes investigan un presunto esquema de direccionamiento de contrataciones que habría beneficiado a un grupo reducido de proveedores vinculados al organismo. Entre las empresas bajo análisis aparecen firmas del sector ortopédico y farmacéutico que ya habían sido mencionadas en expedientes previos sobre irregularidades en la ANDIS.
Entre los empresarios citados a indagatoria figuran directivos de Farma Salud y representantes de Ortopedia Sagués, además de responsables de otras compañías investigadas. También deberá declarar Osmar Caballi, exdirector general de la agencia durante la gestión de Alberto Fernández y vinculado societariamente a una de las firmas señaladas en el expediente.
La investigación sobre la ANDIS ya había acumulado denuncias por presuntas maniobras de direccionamiento y pagos por encima de los valores habituales de mercado en compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. En los tribunales federales sospechan que existió un circuito de contrataciones cerradas con proveedores recurrentes y competencia limitada.