Después de una semana repleta de cruces y acusaciones entre mauricio Macri y Aníbal y Alberto Fernández por el tratamiento en el Congreso de la creación de la Policía porteña, el gobierno desenfundó otra promesa: el próximo miércoles 8, la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados buscará emitir dictamen sobre la derogación parcial de la ley Cafiero, que impide la plena autonomía porteña.
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La concesión kirchnerista no dará solución, sin embargo, al problema de fondo: definir de dónde saldrán los casi 900 millones de pesos que costaría financiar una nueva fuerza de seguridad para la Capital Federal. Macri invoca el artículo 75 de la Constitución nacional: «Toda transferencia de funciones del Ejecutivo nacional debe ir acompañada del traspaso de las partidas correspondientes». Pero el gobierno nacional y las provincias se oponen a que esa suma provenga de los fondos coparticipables.
Ayer, fuentes kirchneristas tampoco descartaron que la iniciativa que propicia derogar el artículo 7 de la ley Cafiero, en lo que hace a la seguridad, sea debatida en el recinto el mismo miércoles, luego de que el proyecto obtenga dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales ese mismo día por la mañana. Si bien el proyecto que comenzará a debatirse la semana próxima debe pasar además por otras tres comisiones, las fuentes recordaron que la iniciativa puede ser tratada el miércoles mismo en el recinto, ya que cuenta con una preferencia con despacho de comisión. Esa preferencia, que fue impulsada por PRO en la última sesión del cuerpo, generó una polémica entre el oficialismo y el macrismo, que había pedido en principio votar esa prioridad con o sin despacho de comisión, lo cual no fue aceptado por el bloque kirchnerista, que obligó al macrismo a cambiar su postura.
Iniciativas
El proyecto, que aspira a debatir el oficialismo la semana próxima, reúne una iniciativa impulsada por el titular de la Comisión de Presupuesto, el jujeño Carlos Snopek, y otra de la porteña Juliana Marino, que viene trabajando en el tema de la autonomía. La iniciativa impulsada por Snopek establece que el Estado nacional «no podrá transferir y preservará en su jurisdicción, las áreas y reparticiones de la Policía Federal», destinadas al cumplimiento de las normas y funciones reservadas exclusivamente a la competencia federal.
De hecho, las fuentes consultadas anticiparon que el proyecto que comenzará a debatirse la semana próxima propondrá la derogación del artículo 7 de la ley Cafiero, en tanto que la discusión en torno a los recursos quedará para más adelante, ya que se trata del aspecto más conflictivo de la cuestión, sobre todo por la postura de las provincias del interior.
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