El año 2018 se encamina a ser uno de los de menor productividad para el Congreso argentino desde 1983, en cuanto al número de leyes sancionadas. Sólo se aprobaron en el período ordinario 36 normas, frente a 75 en 2017 y 96 en 2016. La performance fue aún más baja que en años eleccionarios cuando la actividad legislativa suele sufrir una merma por las campañas proselitistas.
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Recién en el período de sesiones extraordinarias -recurso que utilizó el Gobierno de Mauricio Macri desde que asumió para aumentar las normas aprobadas-, la cuenta logró estirarse a 15 más en la primera semana y 10 más en la segunda, lo que alcanzó a superar hasta el momento la marca más baja registrada: de 57 leyes en 1987.
Según el informe 2018 de Directorio legislativo, hasta el 30 de noviembre los senadores y diputados celebraron 23 sesiones ordinarias -11 en la Cámara de Diputados y 12 en el Senado-, el número más bajo de la era Macri, no así de la historia. En 2015, último año de la presidencia de Cristina de Kirchner se realizaron 19 sesiones, aunque paradójicamente se aprobaron 120 leyes.
De las 36 leyes aprobadas en el período ordinario, nueve fueron enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo -lo que representa el 25% del total- y 27 tuvieron origen en el propio Parlamento -el 40% fueron presentadas por Cambiemos, el 30% por la oposición y el 30% restante por el oficialismo y la oposición en conjunto-.
La primera parte del año estuvo dominado por un debate fundamental, que fue un parteaguas en el Congreso y en la sociedad: el aborto legal seguro y gratuito. Una reivindicación histórica del movimiento feminista argentino que logró aunar de forma transversal a legisladores de diferentes extracciones políticas.
Además, se trataron leyes pedidas por el Ejecutivo como el Régimen de subrogancia para jueces y leyes económicas como la de Financiamiento Productivo, Compre Argentino y Defensa de la Competencia.
En tanto, en la segunda parte del año predominaron iniciativas sociales como la ley Brisa, la ley Justina, la donación de alimentos y la regularizacion dominial de villas. El debate por el Presupuesto 2019 dominó los últimos tres meses.
Finalmente, el pasado lunes 3 de diciembre el Poder Ejecutivo oficializó mediante el decreto número 1087/2018 el llamado a Sesiones Extraordinarias hasta el 28 de diciembre con un amplio temario de 40 proyectos que incluyó la modificación en el impuesto a los Bienes Personales -ya convertida en ley-, la iniciativa para reducir la alícuota del impuesto a las Ganancias para cooperativas y mutuales y el proyecto de ley contra los barrabravas.
Fuera de agenda quedaron los proyectos de ley de alquileres -con media sanción del Senado- y el impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial -presentado por la UCR-, según el Gobierno por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
“La Ley de Financiamiento Productivo, que tiene media sanción, va a permitir seguir teniendo crédito hipotecario por varias décadas y va a dar más opciones para canalizar el ahorro de los argentinos, en especial a las pymes que necesitan capital para crecer. Le pedimos al Congreso que tenga esta ley en sus prioridades para este año”.
El presidente Mauricio Macri pronunció estas palabras durante su discurso de Apertura del 136° período de sesiones ordinarias ante los legisladores marcándoles parte de la agenda que pretendía que traten durante 2018.
La ley de Financiamiento productivo o de Mercado de capitales había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados a fines de 2017.
La iniciativa creó una serie de instrumentos para facilitarle a las pymes el acceso al crédito. A su vez, creó la factura de crédito electrónica para micropymes. Además, se incorporaron herramientas para que los bancos otorguen hipotecas por medio de la securitización y se eliminó la facultad que desde 2013 tenía la CNV de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.
Ambas iniciativas habían obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el año pasado.
La ley de Compre Argentino otorga prioridad a las pequeñas y medianas empresas en las compras que realice el Estado.
El proyecto prevé que cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina en compras superiores a los $240 millones, el adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de cooperación productiva que consistirá en la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales por al menos un 20% del valor total del contrato.
En tanto, la ley de Defensa de la Competencia apunta a sancionar la cartelización de los mercados y los abusos de posición dominante y crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo.
El proyecto había sido impulsado por el Poder Ejecutivo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en 2015, cuando no requerían acuerdo del Senado.
La iniciativa determina que la modalidad para cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial para magistrados subrogantes y conjueces deberá ser siempre por sorteo.
En cuanto a los conjueces, el Consejo de la Magistratura debe hacer una lista con los secretarios de los juzgados y los abogados de la matrícula para que luego el Senado Nacional les dé el aval.
El proyecto también otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjueces a fin de que el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, proceda a su selección.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 de Desburocratización y Simplificación había sido firmado el 10 de enero pasado por el presidente Macri causando un amplio rechazó en todo el arco opositor.
El megadecreto, como se lo conoció, derogaba 19 leyes y modificaba otras 140 con el objetivo -según el Gobierno- de simplificar regulaciones y potenciar la producción de once áreas del Estado.
Para la oposición, se le adjudicaban al Poder Ejecutivo facultades que avasallaban las atribuciones del Congreso, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes. Desde la izquierda, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador se presentaron proyectos que planteaban la inconstitucionalidad del DNU y que buscaban rechazarlo.
Ante la polémica, el oficialismo accedió a desmembrarlo en tres iniciativas de simplificación y desburocratización: para el desarrollo productivo de la Nación, otro para la infraestructura y un tercero para la Administración Pública Nacional.
El 22 de marzo la Cámara de Diputados le dio media sanción al paquete de tres leyes en una escandalosa sesión. Es que tras la aprobación en la que se dejaron afuera temas controvertidos como el embargo de cuentas sueldo y los artículos que permitían a la Anses negociar con menos restricciones sus fondos en el mercado financiero, la oposición intentó tratar los proyectos que declaraban la inconstitucionalidad del DNU.
En medio de gritos y acusaciones cruzadas, el oficialismo se retiró dejando sin quórum la sesión.
El Senado convirtió finalmente en ley las tres leyes, sin debate previo, el 30 de mayo, en la misma sesión en la que aprobó el proyecto para retrotraer tarifas.
Los reiterados aumentos tarifarios que se sucedieron desde la asunción de Mauricio Macri y su recrudecimiento durante 2017 y 2018 llevaron a la oposición a presentar una batería de proyectos con el objetivo de retrotraer los aumentos tarifarios y establecer su inconstitucionalidad.
El 9 de mayo se obtuvo consenso y la iniciativa logró ser aprobada en la Cámara de Diputados, luego de la unión del arco opositor –recibió el apoyo de la izquierda, el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, el Frente Renovador, el interbloque Argentina Federal y algunos bloques provinciales.
La norma proponía retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado e impedir que las eventuales alzas fueran superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.
Finalmente, la Cámara alta la convirtió en ley el 30 de mayo. Hasta último momento, el oficialismo había intentado dejar la sesión sin quórum argumentando que el proyecto tendría un impacto fiscal negativo.
A la mañana siguiente, horas después de aprobada, el Gobierno anunció el veto. ", porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en conferencia de prensa.
La legalización del aborto en la Argentina es una de las deudas pendientes de la democracia. Desde 2007, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito venía presentando en la Cámara de Diputados su proyecto sin lograr mayores consensos, ni su tratamiento. Sin embargo, el NiUnaMenos y la efervescencia del movimiento feminista de los últimos años crearon el contexto necesario para habilitar su inclusión en la agenda parlamentaria.
La iniciativa fue finalmente presentada el 5 de marzo de 2018 por séptima vez consecutiva con la firma de 72 diputados de diversos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición. Fue uno de los proyectos más transversales del año parlamentario.
El consenso que tuvo dentro del bloque oficialista y en el seno de la sociedad, llevó al presidente Mauricio Macri, en contra de la iniciativa, a hacer mención a la necesidad de dar el debate público durante la Apertura del 136° período de sesiones ordinarias.
El 20 de marzo, se dio el puntapié inicial en la Cámara de Diputados. En una reunión conjunta plenaria de las Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Acción Social y Salud se anunciaron las 15 audiencias públicas por las que pasaron hasta fines de mayo más de 700 especialistas a favor y en contra de la iniciativa.
El proyecto recibió media sanción de la Cámara baja en la mañana del 14 de junio por 129 votos a favor y 125 en contra, con una abstención, luego de una ardua noche de negociaciones y mientras en las calles se dividían manifestantes a favor y en contra de la iniciativa.
El proyecto pasó rápidamente a la Cámara alta que decidió suspender el receso invernal para abocarse de lleno a su tratamiento. El 3 de junio arrancó el debate en el cual se acordaron rondas con más de 60 expositores.
Finalmente, la iniciativa llegó al recinto de la Cámara alta el 8 de agosto, sin dictamen tras una jugada política del grupo de senadores que estaba en contra del proyecto de legalización, y allí obtuvo un revés al recibir 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones. La Campaña anunció que volverá a presentarlo en 2019.
El 4 de julio, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva por unanimidad a la llamada “Ley Justina” que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.
El proyecto está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre de 2017 en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón y ambos debates parlamentarios contaron con la emotiva presencia en el recinto de sus padres, hermanos y familiares.
La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del "donante presunto".
Ese mismo día, la Cámara de Diputados también sancionó la Ley Brisa, que ya contaba con media sanción del Senado del 31 de mayo de 2017. La iniciativa otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios.
El 10 de octubre el Senado convirtió en ley la iniciativa que crea el "Plan Nacional de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos" o Ley Donal que permite a las empresas desprenderse de productos próximos a vencer regalándolos a sectores vulnerables de la población.
En tanto, en la misma jornada la Cámara alta también convirtió en ley el Registro Dominial de Villas que declara de "utilidad pública" y, sujeto a expropiaciones, las tierras en las que se asientan villas de emergencia y diferentes asentamientos.
La iniciativa, impulsada originalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, abarca los terrenos donde están localizados más de cuatro mil asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes, unos 935 mil, los certificados de vivienda familiar.
El proyecto de Presupuesto 2019 fue enviado al Congreso por el Ejecutivo el 15 de septiembre pasado y allí inició un camino que incluyó en ambas cámaras la visita de funcionarios del Gobierno como el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros.
El Presupuesto plantea un ajuste de más de $ 400.000 millones, un gasto total de más de $ 4 billones, una inflación interanual del 23%, una caída de la economía del 0,5% y un dólar a $ 40,10, mientras que los servicios de deuda aumentarán 48,8% respecto de este año.
El 24 de octubre, tras una maratónica y tensa sesión de más de 18 horas de debate, con dos cuartos intermedios pedidos a raíz de la represión que estaba teniendo lugar en las afueras del Congreso, la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró reunir 138 votos positivos con el apoyo de una porción del interbloque Argentina Federal -Justicialista y aliados-, de Evolución y algunos monobloques.
Finalmente, el Senado lo convirtió en ley en la madrugada del 15 de noviembre con el apoyo de un sector del Bloque Justicialista y algunos bloques provinciales.
Junto a la Ley de Leyes también se aprobó la adenda al consenso fiscal -acordada entre el Gobierno y 19 mandatarios provinciales-. De acuerdo a ese proyecto, las provincias deberán afrontar el costo del traspaso de los subsidios al transporte público y de la tarifa eléctrica diferencial.
Otro proyecto que fue convertido en Ley por el Senado fue el que consiste en actualizar los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre índice de precios, además de un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros.
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