La kirchnerista porteña Juliana Marino apuró ayer el proyecto que establece una reforma gradual a la Ley Cafiero para otorgar mayor autonomía a la Capital Federal, pero sin mencionar siquiera el traslado de la Policía al control porteño y mucho menos hablar del financiamiento de ese cambio. Será ése su máximo aporte a la campaña de Daniel Filmus para el ballottage del próximo 24 de junio. El proyecto, que quieren consensuar con la oposición -con escasas posibilidades de éxito- sería presentado mañana en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos junto al propio Filmus, que anoche confirmó su asistencia.
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Agustín Rossi, presidente del bloque Frente para la Victoria, dio la orden ayer de organizar la recepción al ministro de Educación. Como está previsto que Diputados sesione mañana -tiene en agenda, entre otros temas, algunas de las reformas laborales que impulsa el sindicalismo-, no será difícil que Rossi consiga reunirle el apoyo de todo el bloque kirchneristaal candidato porteño. Juran en el oficialismo que en su discurso Filmus prometerá impulsar esa iniciativa en el futuro más allá del resultado electoral, pero la efectividad de la ley, aunque se llegue a votar, será poca y con casi nulos efectos en la práctica.
Ese proyecto modifica la Ley Cafiero, que restringió la autonomía de la Ciudad en temas de seguridad y justicia, después de que la reforma constitucional de 1994 le otorgó la autonomía a la Capital Federal, estableciendo metas de transferencia de la Justicia y las competencias en materia de seguridad. Se fijan plazos y objetivos para ampliar la autonomía, pero nada hay del problema de fondo.
Así, lo que llegará a manos de Filmus será un borrador plagado de buenas intenciones que ningún otro bloque querrá apoyar. Es el resultado de las deliberaciones de una comisión especial sobre la autonomía porteña, integrada por todos los diputados del distrito, que durante dos meses intentaron darle forma a una suerte de derogación de la Ley Cafiero que no se dará, por lo menos por ahora.
La norma conocida como Ley Cafiero se sancionó para garantizar «los intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del gobierno de la Nación». Las diferentes propuestas de su modificación contemplan cambiar o derogar el artículo 7 de la norma, que impone que sea el gobierno nacional el que siga ejerciendo «su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes». El problema fue, desde el inicio, la reticencia del resto de los gobernadores a aceptar el traslado de fondos desde la Nación a la Ciudad para financiar el pago del sector de la Policía Federal que pasará a control porteño. De hecho, la oposición es tanta que hace dos semanas se abrió el debate en el Senado cuando la cuestión ni siquiera estaba en la agenda del día, una protesta provincial contra la intención de trasladar la Policía y los fondos para pagarla que acallaron Vilma Ibarra y Rodolfo Terragno.
Los intentos por tratar los cambios a la Ley Cafiero en medio de la campaña no son nuevos. El 22 de mayo pasado el ARI había pedido sesión especial para tratar la derogación de las restricciones a la autonomía porteña y hasta el macrista Cristian Ritondo había conseguido emitir un dictamen en la Comisión de Seguridad que nunca vio el recinto.
De hecho, el kirchnerismo intentó negociar en Diputados una reforma a la Ley Cafiero que incluyera el traslado de la Policía antes de las elecciones del 3 de junio pasado, pero fue políticamente imposible.
Hasta Mauricio Macri creyó que Kirchner daría ese golpe de efecto antes de los comicios, ordenando a sus diputados votar la derogación de esa limitación a la independencia de la Ciudad.
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