Argentina le reclama a Uruguay por la nuera de Gelman muerta. Uruguay pide por 80 desaparecidos del proceso

El gobierno de Kirchner reclamó al Uruguay que militares de ese país puedan ser indagados en la Argentina por la desaparición y muerte de la nuera del poeta Juan Gelman. La denuncia, que se tramita en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral (el mismo magistrado que investiga las supuestas coimas en el Senado), derivó en una respuesta contundente de funcionarios uruguayos: la Ley de Caducidad impide que se sustancienallá causas contra uniformados por supuestas violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar. Por lo tanto, el país vecino no habilitará los testimonios pedidos desde Buenos Aires. Jorge Batlle anunció ayer que pedirá a la Argentina una investigación por la desaparición de 80 ciudadanos uruguayos en territorio argentino. El reclamo forma parte de la respuesta uruguaya a la denuncia que presentó la administración de Néstor Kirchner para indagar en Buenos Aires a ocho militares de ese país, supuestamente, relacionados con la muerte de la nuera de Gelman. Las relaciones bilaterales estánen su peor momento, a raíz de la embestida kirchnerista por los derechos humanos. Y ya se pronostica que no habrá una mejoría hasta 2005, cuando se elegirá sucesor de Batlle.

Montevideo - El presidente Jorge Batlle anunció ayer que reclamará por escrito a la Argentina sobre el destino final de 80 uruguayos que desaparecieron durante el Proceso militar en ese país, en respuesta a la denuncia penal que hizo su par, Néstor Kirchner, para que se establezca el paradero de María Teresa García Irureta Goyena de Gelman -nuera del poeta Juan Gelman-, quien, según el gobierno argentino y organizaciones de izquierda, desapareció en Uruguay durante el mismo período.

El caso Gelman complica seriamente las relaciones entre ambos mandatarios y amenaza con enfriar la relación bilateral hasta la asunción del próximo presidente uruguayo en abril de 2005.

Batlle señaló que sobre la nuera de Gelman «el gobierno uruguayo ya ha informado todo lo que tiene que informar y no tiene nada más al respeto, aunque seguirá investigando».

•Crítica

El canciller Didier Opertti, también del oficialista partido Colorado, pero enfrentado con el primer mandatario, dijo que Batlle no tendría problema de contestar por escrito un posible exhorto que envíe el juez Rodolfo Canicoba Corral, en quien recayó la denuncia del gobierno para establecer el paradero de la mujer. Sin embargo, desde el mismo gobierno se anunció que «no habrá extradiciones de militares a la Argentina» y se criticó la falta de la actual administración de Kirchner por dar información de los desaparecidos uruguayos.

Tanto Sanguinetti como otros dirigentes políticos locales, incluido Tabaré Vázquez -a quien Kirchner profesa indisimulado apoyo-, no ven con buenos ojos la presión del gobierno argentino sobre un asunto del pasado uruguayo, que todos los sectores (sin excluir a los ex Tupamaros) cerraron con la Ley de Caducidad. Este instrumento legal fue apoyado por 62% de la población a través de un plebiscito. Precisamente ese rechazo de la sociedad derivó en que el Frente Amplio-Encuentro Progresista, que postula a Vázquez, rechazara la moción de sectores ultra de pedir la nulidad de la ley como se hizo en la Argentina con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Los límites que fija la Ley de Caducidad -impide al Estado uruguayo y/o particulares iniciar acción penal contra miembros de las fuerzas armadas o de seguridad acusados de haber cometido este tipo delitos durante el régimen militar uruguayo hasta 1982-le sirvieron de argumento a Batlle para cerrar el caso Gelman y así se lo transmitió a Kirchner en la última cumbre de presidentes en Bolivia. Meses antes, durante el único encuentro entre los dos, el argentino le había pedido el esclarecimiento del caso por tratarse de una «cuestión de Estado» para su país.

Las diferentes posiciones de ambos presidentes llevaron a las relaciones bilaterales al nivel más bajo desde la restauración de la democracia en la Argentina y amenazan con convertirse en un foco de conflicto entre dos socios del Mercosur con incidencia en otros asuntos, como los recargos aduaneros sobre productos argentinos que imponen los uruguayos, el reclamo del pago de u$s 800 millones en bonos de la deuda externa que la Argentina adeuda a Uruguay y la continuidad de las obras de plantas de celulosa -rechazadas por Buenos Airesen el litoral uruguayo frente a la provincia de Entre Ríos.

Ayer, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, fue terminante: «Es poco viable que los 8 acusados por el gobierno argentino sean extraditados».