Mientras Néstor Kirchner y Cristina Fernández tientan en Nueva York a inversores, la Justicia Federal de La Plata registrará hoy una denuncia sobre la supuesta «financiación ilegítima» de la campaña electoral en la que la primera dama fue electa senadora por Buenos Aires en octubre pasado.
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La presentación, que radicarán diputados nacionales y provinciales del ARI, solicitará al juez Manuel Humberto Blanco que investigue si alrededor de 15 empresas aportaron fondos a la campaña del Frente para la Victoria (FpV) y recibieron «compensaciones» por ello.
Entre las compañías figurarían una multinacional de telecomunicaciones y servicios de informática, que tienenegocios en varios rubros con el Estado. Y, además, la concesionaria que explota una de las autopistas más importantes de la provincia.
En la denuncia habrá constancias de los pagos efectuados por esas firmas. Habría, además, un reconocimiento «de hecho» de las autoridades del FpV que en su balance financiero expresarían que devolvieron esos montos al detectar que no estaban permitidos.
El texto lo harán público hoy al mediodía en La Plata el presidente del ARI Buenos Aires, Carlos Raimundi, y el jefe del bloque de diputados bonaerense del ARI, Horacio Piemonte, junto a los legisladores Walter Martello, Mario Fabris y Sebastián Cinquerrui.
También se plegaría Eduardo Macaluse, jefe de la bancada arista en el Congreso nacional. La denuncia, de carácter penal, será por presunta « violación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos» -la 25.600, reglamentada el 12 de junio de 2002 durante el mandato de Eduardo Duhaldepor parte del Frente para la Victoria.
En el artículo 34, referido a los aportes privados, esa norma prohíbe -en el punto c)las «contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipioso la Ciudad de Buenos Aires».
El apoderado político del FpV en la provincia fue Carlos «Cuto» Moreno, que hasta diciembre secundó a Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y ahora es vicejefe del bloque de diputados nacionales del kirchnerismo, detrás de Agustín Rossi.
Indicios vehementes
Según los datos conocidos ayer, la presentación que radicarán hoy ante el juzgado del juez federal con competencia electoral, Manuel Blanco, contendrá «indicios vehementes» sobre la presunta «financiación ilegítima» de la campaña 2005 a través de «prestatarios del Estado».
A pesar de la negativa de los legisladores del ARI de anticipar el contenido específico de su denuncia, se señaló que se darán «detalles sobre los funcionarios y las empresas comprometidas». Este es, en concreto, el punto sobre el que orienta su embestida el partido de Elisa Carrió: la presunta financiación de la campaña de Cristina F. con fondos aportados por empresas que eran prestatarias del Estado o que, tras la elección, comenzaron a serlo.
No es la primera vez que el ARI apunta al frente financiero del gobierno. Desde el partido se confeccionaron diferentes informes sobre la política oficial en materia.
De hecho, en un escrito sobre las campañas de 2003, desde el ARI se afirma que «el financiamiento conduce a los favores» y «las contribuciones a las campañas, al trato privilegiado del gobierno» con las empresas que colaboraban con el gasto electoral.
Sobre ese principio, es que el ARI volverá hoy a castigar al kirchnerismo, esta vez con un golpe directo en Cristina Fernández.
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