Los senadores de la UCR, Gerardo Morales y Ernesto Sanz (mano alzada) acusaron al gobierno de querer ocultar el conflicto
docente de Santa Cruz con un inverosímil intento de atentado a la residencia Kirchner. El santacruceño Nicolás Fernández
(foto der.) fue el encargado de defender el hogar del matrimonio presidencial ante la ausencia de Cristina Fernández en el recinto.
«Pietas » (dedicación), «fide» (confianza) y «gravitas» (serenidad) son las cualidades que el derecho romano le otorgaba a una «mater familiae». Por eso todos esperaban ayer que Cristina Fernández de Kirchner defendiera en el Senado lo que fue alguna vez su hogar santacruceño, presuntamente atacado por un camionero psicótico.
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Sin embargo, la dueña de casa emprendió ayer viaje a Washington y el Senado afrontó huérfano la virulenta pelea entre santacruceños radicales y kirchneristas por el supuesto intento de atentado del sábado contra la casa de la familia Kirchner en Río Gallegos.
En reemplazo de la mater familiae, el senador santacruceño Nicolás Fernández fue el encargado de contrarrestar la embestida opositora de su coterráneo, el radical Alfredo Martínez, quien planteó una cuestión de privilegio al sentirse agraviado por las acusaciones de Aníbal Fernández. El ministro del Interior había acusado a Martínez, al intendente de Río Gallegos,Héctor Roquel, y al concejal-Carlos Lozano -todos de la UCR- de haber creado un clima desestabilizador que dio lugar al supuesto ataque de un camionero psicótico.
«Fernández planteó una cuestión de privilegio no se sabe por qué tema. Seguramente se vio obligado a defender su puesto de trabajo apoyando la hipótesis del oficialismo», ironizó ayer ante este diario el senador radical Martínez. «Quisieron tapar el escándalo del caso Skanska con el rumor sobre la muerte de Maradona y ahora quieren cubrir el conflicto docente en Santa Cruz con la hipótesis de un atentado», agregó.
Apenas comenzada la sesión, convocada de urgencia para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país para el ejercicio Unitas en mar territorial argentino, el senador santacruceño de la UCR reclamó que se abriera el debate sobre la cuestión de privilegio planteada en el recinto al sentirse agraviado por las declaraciones del ministro del Interior. Pero el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Angel Pichetto, lo impidió y giró el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida, claro, por Cristina Fernández. Decisión razonable y sabia: los problemas domésticos de un hogar deben resolverse con la participación ineludible de la mater familiae.
Duda
Nicolás Fernández sostuvo que «es la Justicia la que tendrá que determinar si de buenas a primeras (José Walter Mansilla Alarcón) se volvió loco», y dejó sembrada una duda, al sostener que «a los locos se los puede guiar». El legislador oficialista se preguntó «qué hubiera sucedido si (Mansilla Alarcón) hubiera sido un militante del Frente para la Victoria y hubiera embestido la casa del intendente».
El bloque de la UCR, comandado por Ernesto Sanz, llegó incluso a amagar con abandonar el recinto cuando el cuerpo comenzó a tratar el ingreso de tropas extranjeras por el operativo Unitas. Sanz, Martínez y Gerardo Morales le reclamaron al oficialismo la desprolijidad de convocar a una sesión de urgencia para votar el tema cuando al menos la iniciativa se debería haber tratado con cuatro meses de anticipación. La kirchnerista presidenta de la Comisión de Defensa, María Cristina Perceval, acusó a la UCR de haber faltado a las reuniones de comisión. «Ustedes no pueden hace un planteo así, ya que desconocen la responsabilidad que implica manejar estos asuntos», bramó la senadora mendocina. Y anunció que Nilda Garré prestará un informe la próxima semana en el Senado. Sorprendentemente, Pichetto intervino, no para empeorar la situación, sino para calmar los ánimos, y destacó la colaboración del bloque radical para poder reunir quórum en la sesión de ayer.
Es que el domingo Pichetto se comunicó por teléfono con Sanz para pedirle que los radicales viajen desde sus provincias al Congreso y poder así destrabar la realización del ejercicio militar, que le costará al país 2.761.729 pesos. En esas prácticas bélicas intervendrán varias naves argentinas y efectivos de Estados Unidos, Brasil y Venezuela, quienes no gozarán de inmunidad penal como reclamaba Washington.
De acuerdo con la Constitución nacional, todo ingreso de militares extranjeros al territorio argentino debe ser aprobado por una ley nacional, y en este caso el Senado tuvo que autoconvocarse de urgencia debido a que el proyecto respectivo tenía solamente sanción de Diputados.
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