El diputado electo Luis Abelardo Patti quedó al borde de recuperar la banca impugnada por el kirchnerismo que ganó en las elecciones de 2005 por casi 400 mil votos. Ayer, la Procuración General de la Nación, que conduce Esteban Righi, dictaminó que la Cámara de Diputados excedió sus facultades constitucionales al impedir la asunción como legislador por presunta «inhabilidad moral» del ex intendente de Escobar. Ahora ya no queda ningún obstáculo legal ni administrativo para que la Corte Suprema de Justicia emita tras el receso invernal un fallo que habilite a Patti para jurar como diputado.
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«Esperábamos este dictamen, que es una consecuencia lógica del fallo de la Corte sobre el caso Bussi. La Procuración General recogió esa doctrina y en dos o tres semanas podría salir el nuevo fallo del máximo tribunal que habilita a Patti para asumir su banca de diputado», explicó ayer a este diario Silvio Duarte, abogado del ex subcomisario bonaerense.
Tras el dictamen emitido por la Procuración General, ahora se libera el camino para que la Corte Suprema resuelva el recurso extraordinario presentado por la Cámara de Diputados y decida finalmente si Patti puede o no acceder a su banca. Eso puede ocurrir por un acuerdo de la Corte o si algún tribunal inferior aplica la doctrina Bussi. La Corte Suprema ya dictaminó el 10 de julio pasado en favor del ex militar Bussi en un caso parecido. El jefe del PaUFe no pudo asumir como diputado nacional luego de que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, controlada por el kirchnerismo, avalara en mayo del año pasado una impugnación al diploma de Patti presentada por los oficialistas Diana Conti, Remo Carlotto y Miguel Bonasso.
El kirchnerismo acusó a Patti, quien presentó un certificado del Ministerio de Justicia donde consta que no tiene condenas en su contra, de carecer presuntamente de « idoneidad moral» por su pasado como comisario de la provincia de Buenos Aires y como intendente de Escobar. «Estos juicios están a punto de extinguirse por prescripción; no son causal suficiente para impedirle jurar a un diputado electo por casi 400 mil personas», advirtió Duarte.
Sustento
El escrito de la Procuración General fue firmado por el procurador adjunto Luis Santiago González Warcalde y alude al reciente fallo del máximo tribunal sobre el frustrado mandato como diputado de Antonio Domingo Bussi y, sobre esa base, considera que Patti debería ser incorporado a la Cámara baja. El jefe de los fiscales, y superior de Warcalde, es Esteban Righi.
El procurador adjunto recordóque en el caso Bussi, la Corte estableció que la potestad de los integrantes de la Cámara baja se limita sólo a cuestiones formales como la «revisión de la legalidad de los títulos de los diputados electos y a la autenticidad de los diplomas, esto es, si fueron regularmente emitidos por autoridad competente».
Asimismo, González Warcalde recordó en su escrito que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema sostuvo en el caso de Bussi que «no se ha otorgado al Congreso un poder para negar la incorporación a un candidato electo, basándose en valoraciones materiales como la falta de idoneidad o la inhabilidad moral».
«Considero entonces que la tarea de este dictamen se restringe a verificar si la solución del precedente Bussi ampara a Luis Patti», aseveró, y pasó a enumerar los casos por los que se impidió la asunción como diputado del ex intendente de Escobar por «inhabilidad moral». Entre ellos, se mencionaron presunciones sobre «el 'fusilamiento'de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi; el secuestro de Juan José Fernández, Ricardo Gabriel Jiménez, el periodista Tilo Werner y el diputado Diego Muñiz Barreto; el secuestro y la tortura de Valerio Salvador Ubiedo y Luis Angel Gerez».
Exceso
«De acuerdo con la doctrina novísima de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados de la Nación, al juzgar el diploma de Patti, ha excedido su potestad constitucional-», finaliza el dictamen y establece asimismo que la Corte «puede rechazar el recurso extraordinario interpuesto por los apoderados de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación».
De emitir la Corte un fallo que habilite a Patti para asumir su banca, al gobierno le explotaría un conflicto inmanejable a menos de tres meses de las elecciones presidenciales. La banca de Patti ha sido ocupada por quien le sigue en la lista, el radicalista Dante Camaño. Ya los diputados del Frente para la Victoria habían advertido que se amotinarían contra el Poder Judicial e impedirían el desembarco de Patti, aunque la Corte avalara su juramento en la Cámara baja. No sólo eso, encabezados por la correntina Araceli Méndez de Ferreyra, anunciaron que le pedirán a Néstor Kirchner que eleve el caso en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Patti también prepara su propia venganza judicial. Semanas atrás reveló a este diario que hará «juicios contra todos los diputados que me privaron de mi banca ganada democráticamente. Van a tener que pagar en forma individual por violar la Constitución nacional. Y van a tener que responder con sus bolsillos demandas millonarias por daños y perjuicios».
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