La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados otorgó dictamen favorable a una iniciativa legislativa que busca permitir que los clubes de barrio que actualmente operan sin documentación legal puedan formalizarse de manera gratuita. Al sumarse este aval al emitido previamente por la Comisión de Deportes, el proyecto queda en condiciones de ser debatido en el recinto.
La propuesta, impulsada por el diputado nacional por San Juan Jorge Chica, plantea una modificación a la ley del Deporte 20.655 para establecer un régimen simplificado. A través de este mecanismo, las entidades deportivas podrán constituirse sin costo bajo la figura de simple asociación -contemplada en el Código Civil y Comercial-, obteniendo así una personería deportiva.
Dicha acreditación habilitará a las instituciones a acceder a asistencia y apoyos provenientes de los estados nacional, provincial y municipal, con la contraprestación de llevar sus libros contables y presentar anualmente la documentación que acredite su regularidad. Según se detalla en la iniciativa, su implementación no implicará costo fiscal, ya que no contempla la creación de nuevos organismos, cargos ni partidas presupuestarias.
Durante el tratamiento en comisión, Chica señaló las dificultades operativas que enfrentan las entidades no registradas: "Lo único que no tienen son los papeles, y sin papeles no pueden abrir una cuenta, recibir un subsidio ni firmar un convenio con su propio municipio". Asimismo, en referencia a su gestión previa al frente de la Secretaría de Estado de Deportes de San Juan -donde trabajó con cerca de 500 instituciones-, advirtió que "lo que no está registrado no se puede acompañar, no se puede controlar y no se puede defender".
La iniciativa cosechó respaldos tanto del oficialismo como de distintos sectores de la oposición. En ese marco, el autor del proyecto destacó los aportes de las diputadas Natalia Zaracho y Fernanda Díaz (Unión por la Patria), así como la colaboración del diputado Diego Hartfield (La Libertad Avanza), subrayando el consenso alcanzado por encima de las diferencias partidarias en torno al rol de las entidades barriales.