Avanza el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad

Los diputados porteños iniciaron este miércoles el debate en torno al convenio entre la Nación y la Ciudad para avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria nacional a la órbita de la Ciudad, que contempla el acuerdo para una transferencia gradual de las competencias penales.

Los legisladores se convocaron desde las 12 en la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales en medio del paro que llevan adelante por 36 horas los trabajadores de distintos fueros de la justicia nacional contra el traspaso.

De esta forma, comenzó el tratamiento de los cuatro expedientes enviados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al parlamento capitalino, que incluyen la transferencia gradual de las competencias penales, el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia a la órbita de la Justicia porteña y la incorporación del fuero de Defensa del Consumidor a través de su creación.

La transferencia fue rubricada entre ambas jurisdicciones el 19 de enero pasado para "el reconocimiento de la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad" y para el "fortalecimiento del federalismo como sistema político" y -para su puesta en marcha- requiere de la ratificación tanto de la Legislatura local como del Congreso.

En ese marco, si bien el texto refiere al traspaso de la justicia ordinaria a la órbita porteña, el proceso tendrá una primera etapa que se enfocará sobre las unidades vacantes del fuero Penal.

Así, se prevé el traspaso de ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional que actualmente están vacantes y dos Juzgados de Menores, 18 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, dos Juzgados Nacionales de Menores, tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan en esos sitios.

Este miércoles, tras un intenso debate entre los diputados oficialistas y parte de los opositores firmaron un despacho con la intención de alcanzar su aprobación en la sesión del jueves 30 de marzo.

Juan Nosiglia, presidente de la Comisión de Asuntos Interjuridiccionales (SUMA-MAS) explicó a Télam: "hoy hemos despachado desde esta comisión los cuatro expedientes, los cuatro convenios de transferencia entre los Gobiernos de la Ciudad y el gobierno Nacional respecto del traspaso de la Inspección General de Justicia, del registro de la Propiedad Inmueble, competencia en cuanto al fuero de usuarios y consumidores y al fuero penal".

"Este debate pasará a el recinto seguramente el 30 de marzo donde esperamos un acompañamiento de la mayoría de las fuerzas de la Ciudad porque entendemos que este es un paso importantísimo para completar la autonomía de los porteños, que es una deuda que tiene la Ciudad y la Nación con los ciudadanos de Buenos Aires", manifestó.

"Estamos cumpliendo con un mandato constitucional que ya tiene más de 20 años y que hace a tener las herramientas para el funcionamiento de nuestra justicia; para diseñar un sistema de justicia más eficiente y equitativo para todos los vecinos de la Ciudad", sostuvo.

Consultado sobre la preocupación de los dos sindicatos de la justicia por el futuro de los puestos de trabajo y el escalafón salarial, Nosiglia aseguró que "es verdad que hay una preocupación de los trabajadores y hay incertidumbre también, porque todos los cambios generan incertidumbre".

"Pero particularmente desde nuestro bloque nos hemos entrevistado con ministros, con los sindicatos, con los funcionarios, para despejar todas las dudas y garantizar que los puestos de trabajo no se van a ver afectados por las nuevas medidas y no se van a ver vulnerados ningunos de los derechos adquiridos por los trabajadores", aseguró.

En tanto, el diputado Carlos Tomada del Frente para la Victoria (FpV) dijo que ese bloque "se va a oponer porque creemos que hay temas vinculados fundamentalmente a los trabajadores judiciales, con la situación laboral de los empleados judiciales, con los convenios colectivos de trabajo, y porque todo esto genera una real incertidumbre entre los empleados de la Justicia".

"Y en este sentido nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo en que debe haber normas complementarias para regular sobre todo la actividad de los trabajadores y pueden ser además otros aspectos legales y de funcionamiento, pero después de esta ley no puede quedar todo en manos del poder Ejecutivo", indicó.