La irrupción de Martín Balza ayer en el monopolio «Clarín» para acusar -ahora, después de cinco años-a los ex ministros Oscar Camilión, Antonio Erman González, Guido Di Tella y Domingo Cavallo de presunta complicidad con el «affaire» de las armas, no parece ser producto de una repentina recuperación de su memoria sino de una condición más humana. Se debería esta actitud a que el actual jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, se habría negado a seguir pagando los altísimos honorarios -se habla de una suma de $ 100.000 mensuales-que insumieron durante dos años sus abogados de prestigiosa trayectoria: Liscinio Scelzi, primero, y Valerga Aráoz -vinculado profesionalmente al ex ministro de Justicia radical, Ricardo Gil Lavedradespués. Solo y sin fondos, el ex jefe del Ejército amenaza con convertirse en otro arrepentido.
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