Montevideo - El presidente Jorge Batlle asestó ayer un duro golpe a las pretensiones de Néstor Kirchner de que se reabra la investigación por la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman durante el Proceso Militar en este país. El mandatario uruguayo anunció que comunicará a la Justicia la aplicación de la Ley de Caducidad (amnistía) para resolver el caso que involucra a María Teresa García Irureta, tal como anticipó Ambito Financiero el lunes en su sección Charlas de Quincho.
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De este modo, Uruguay le cerró el camino a la investigación que intentó llevar adelante el gobierno argentino y fue un rechazo a la gestión que hace unos días vino a realizar el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Luis Eduardo Duhalde.
La Ley de Caducidad cierra los procesos penales que intentan reabrir los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el Proceso Militar hasta el 1 de marzo 1985. Si bien fue sancionada para favorecer a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, también se aplica a los civiles, como es el caso Gelman, quien se reunió con Kirchner, logrando que se presionara a Batlle para reabrir la investigación. No sólo el canciller Rafael Bielsa tuvo que venir a Montevideo para desmentir una carta que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Cancillería -a cargo de Alicia Olivera- se habría mandado al presidente uruguayo, sino que Kirchner también lo mencionó en el encuentro presidencial en Colonia, hace unas semanas.
• Serios reveses
El fracaso de la reapertura del caso Gelman y la continuidad de los planes del gobierno de Uruguay de impulsar la instalación de fábricas de celulosa en el límite con Entre Ríos conforman también dos serios reveses para la gestión del embajador Hernán Patiño Mayer, quien ayer realizó infructuosos esfuerzos para desmentir a este diario. Patiño Mayer no sólo estuvo varios meses en situación irregular ocupando la residencia del embajador en Montevideo sin haber sido ratificado por Kirchner, sino que -como prueba del distanciamiento que le propensa el santacruceño- no estuvo en la cumbre de la estancia San Juan de Anchorena pese a que sí asistió su par de Uruguay en Buenos Aires, Alberto Volonté Berro.
El enfrentamiento de Kirchner con el duhaldismo bonaerense alimenta todo tipo de versiones sobre el futuro de este embajador permanente en Montevideo -también lo fue de Menem y de Duhalde- que sólo se respalda en el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá. El negocio de la fabricación de pasta de celulosa -otra de las apuestas fuertes de Uruguay para recomponer su economía- con la atracción de millonarias inversiones de españoles y finlandeses, además del caso Gelman, conforma el nudo del conflicto entre los dos países, aumentado por la escasa simpatía personal que se dispensan ambos mandatarios. Pero a diferencia de lo que suele ocurrir con otras decisiones que involucran a Batlle, estas dos cuentan con el consenso de la mayoría de la clase política uruguaya: ni siquiera Tabaré Vázquez desde la izquierda se mostró entusiasmado con la recepción que le brindó a Luis Duhalde y muchos menos el ex fundador del Frente Amplio, Liber Seregni, quien no oculta sus críticas a Kirchner por su política de revisión del pasado y sus intentos de llevarlos al Uruguay. Ni qué decir de las voces que parten de los partidos tradicionales: Nacional (Blancos) de Luis Alberto Lacalle y Colorado de Julio María Sanguinetti, quien comparte responsabilidades de gobierno con Batlle, aunque mantiene discrepancias. Pero pese a esas diferencias, desde ambas capillas políticas se han escuchado voces críticas hacia Kirchner y líneas medias, pero de teléfono directo con ambos lo han denunciado por «presunta injerencia en los asuntos internos de otro país», levantando banderas nacionalistas que hace tiempo no se escuchaban.
Por eso -si bien preocupó-, no extrañó que Kirchner decidiera suspender su visita de Estado a este país prevista para el 18 y 19 de este mes con el objetivo de celebrar los 30 años de la firma del Tratado del Río de la Plata que realizaron los ex presidentes Juan Domingo Perón y Juan Bordaberry -también envuelto hoy en denuncias por parte de la izquierda por su actuación durante la represión antisubversiva en Uruguay-. Esto vuelve a colocar la relación bilateral en términos parecidos a la épocas anteriores a la asunción presidencial del patagónico.
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