La designación de Graciela Ocaña en el PAMI puede que derive en la paralización de una investigación sobre el polémico desplazamiento de una funcionaria de la Inspección General de Justicia.
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Se trata de María Cristina Giuntoli, removida -sorpresivamente-del segundo cargo en importancia del organismo que tiene a su cargo, entre otras funciones, la fiscalización de las sociedades por acciones (excepto la de las sometidas a la Comisión Nacional de Valores). Por orden judicial, a Giuntoli se le acaba de devolver el puesto, no obstante lo cual debe atender en un depósito ubicado a 45 cuadras de la sede del organismo y de su propio despacho, el Nº 2 en importancia en la Inspección.
Ocaña, actualmente de licencia (porque aceptó hacerse cargo de la normalización de la obra social de jubilados y pensionados), y otros legisladores presentaron un pedido de informes en el Congreso para que el gobierno de Néstor Kirchner brinde detalles de la decisión que lleva la firma de Gustavo Béliz.
La subinspectora de Justicia Giuntoli fue removida como consecuencia de una orden del ministro de Justicia de setiembre de 2003. La funcionaria asumió el cargo en 1995 y quedó ratificada en 1998, luego de conseguir la confirmación por concurso público (tiene 30 años en la administración pública, profesora universitaria y autora de libros). A pesar de ello, Béliz adujo que su designación era «transitoria».
Además del reclamo de otros funcionarios de la IGJN, Béliz, curiosamente, tampoco tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción recordó por escrito que Giuntoli había colaborado en esclarecer supuestos hechos de corrupción ocurridos en la Inspección General de Justicia. Mientras Giuntoli no pueda volver a su oficina, se estaría incumpliendo una orden de la jueza federal Liliana Heiland.
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