El secretario de Seguridad, Sergio Berni, reactivó el debate por la posibilidad de que los funcionarios públicos se sometan a rinoscopías para saber si consumen drogas.
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Luego que el Concejo Deliberante de la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez aprobara una ordenanza que obliga a los empleados municipales a realizarse el estudio, Berni dijo a una radio porteña que el tema "amerita" al menos una discusión seria.
"El funcionario público que tiene una enorme responsabilidad y del que de el que dependen decisiones importantes me parece que, por lo menos, debería analizarse", consideró el secretario de Seguridad a radio La Red.
Sin embargo, Berni admitió que ese procedimiento, consistente en la exploración médica de las cavidades nasales, puede provocar una contradicción de derechos y obligaciones. "Si bien es un tema personal y que avanza sobre la intimidad de las personas, en alguien que tiene una decisión trascendental y de quien dependen los intereses de muchas personas creo que, por lo menos, amerita debatirlo", señaló.
La semana última, con el voto positivo de todos los ediles presentes, el Concejo Deliberante de Capitán Bermúdez aprobó una ordenanza que exige la realización de una rinoscopia a todos los funcionarios del municipio. "Se busca que los ciudadanos estén al tanto del estado de salud de sus funcionarios", argumentó la disposición local.
• Antecedentes
La rinoscopia es un estudio de las cavidades nasales utilizado en otorrinolaringología para diagnosticar ciertas patologías, como la adicción a la cocaína, ya que sirve para detectar su consumo mediante la aspiración.
El año pasado, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, obligó por decreto a todos los funcionarios públicos a someterse a una rinoscopia o análisis de sangre "para determinar el nivel de adicciones". Al justificar la medida, el mandatario dijo que la decisión "responde a la pelea que estamos dando contra el narcotráfico".
"Si bien el consumo no está penado, los funcionarios tenemos la obligación de marcar una postura. En esto hay que poner la cara, pero también la nariz y la sangre. Quienes ocupamos cargos tomamos decisiones, firmamos resoluciones, trabajamos para la gente, y eso demanda una responsabilidad", afirmó Buzzi a fin de 2013. El decreto aclaraba que el estudio era voluntario, pero el gobernador advirtió que los se nieguen, deberían dejar su cargo.
En 2012, el juez Daniel Enrique Ottonello, de la Cámara 6ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, reclamó al Consejo de la Magistratura que, entre los requisitos para integrar el fuero judicial en materia de drogas, se exija "una rinoscopia a los funcionarios y magistrados que lo integren". Cuando le consultaron a Ottonello por qué debía tomarse esa medida, respondió: "Todos sabemos que hay vinculación con gente que está dentro de la Policía y algunos del Poder Judicial".
En 2006 el senador provincial pejotista Manuel Lozano presentó un proyecto en la provincia de Buenos Aires para todos los aspirantes a ingresar a la administración pública. Su intención, dijo en ese entonces, "no es controlar qué hace cada persona con su vida privada, sino ayudar a curarse a los que tienen una adicción".
En abril pasado, la Justicia de Tucumán emplazó al gobierno de José Alperovich a contestar el requerimiento de reglamentación de la Ley Nº 7.240, que obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse estudios para determinar si consumen drogas ilegales, que fue promulgada hace 12 años pero nunca puesta en vigencia. El Poder Ejecutivo todavía no respondió.
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