El ministro del Interior ha metido al gobierno en un problema serio al denunciar a un juez que investiga presuntas coimas por querer proteger a un testigo en peligro. Aníbal Fernández atacó a Javier López Biscayart, que pesquisa el affaire Skanska, ante el Consejo de la Magistratura, órgano del cual ignora quién lo preside. Le dirigió la denuncia al presidente de la Corte y no a su verdadero titular. Un error que sumerge otra vez a este Fernández en el blooper.
Algo confundido el ministro Aníbal Fernández envió la denuncia
contra el juez del caso Skanska, Javier López Biscayart
al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,
creyendo que también era presidente del Consejo de la
Magistratura. La ira no es buena consejera.
El primer sentimiento fue de extrañeza. Con el correr de las horas imperó la preocupación. El ministro del Interior, Aníbal Fernández había puesto en funcionamiento la máquina de triturar jueces, pero en la ansiedad olvidó introducir al juez. En este caso a López Biscayart.
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Ese magistrado, del caso Skanska se tomó el atrevimiento de declarar inconstitucional dos resoluciones firmadas por Fernández que impedía alojar detenidos en los calabozos de la Policía Federal. El juez quería garantizar la seguridad de Adrián López, el directivo de una empresa fantasma que vendió facturas truchas a la constructora sueca que las utilizó para disimular el pago de coimas, supuestamente a funcionarios del gobierno.
El miércoles por la tarde los disciplinados consejeros kirchneristas entraron en pánico. Pronto se cumpliría una semana del enfrentamiento de Aníbal con López Biscayart y no tenían noticias sobre la denuncia que el ministro había prometido enviar al Consejo de la Magistratura.
«¿Habrá sido otra bravuconada de Aníbal?; «Seguro que se olvidó»; «me parece que fue demasiado lejos». Danzaban los comentarios de un despacho a otro y de la denuncia se sabía poco. Mejor dicho, nada.
Explicaciones hubo decenas. Algunas más inverosímiles que otras. La más curiosa fue: «este tipo de denuncias no entran por mesa de entrada del Consejo, porque se trata de una acusación que realiza un ministro. Se canaliza por otra vía más directa, que no es la administrativa».
Desde la cartera del Interior insistían en confirmar y reconfirmar que Aníbal Fernández había concretado la amenaza de denunciar a López Biscayart. Sin embargo, en el Consejo no había rastros de ninguna papeleta que llevara el sello del Ministerio del Interior.
Sin remedio
¿Podía existir tanto misterio? La verdad -que no es triste sino que no tiene remedio- era que Aníbal Fernández se había equivocado.
El ministro del Interior que está encargado, además de muchas otras cosas, de los asuntos institucionales envió la denuncia contra el juez López Biscayart a Ricardo Lorenzetti.
No sólo erró de destinatario, en todo caso perdonable, sino de función: ungió a Lorenzetti con el título de «Presidente del Consejo de la Magistratura».
Fernández debió haber quedadotan ligado a los 90 que olvidó que desde noviembre del año pasado y por mérito de la senadora Cristina de Kirchner la presidencia de ese cuerpo colegiado no le pertenece más a la Corte Suprema. El último que usó dos sayos en la misma cabeza fue Enrique Petracchi. Aunque los jueces añoran la época donde Julio Nazareno imponía el mandato del supremo tribunal por encima del capricho de los políticos.
El equívoco de Fernández tiene también otras lecturas no muy agradables. Alguien debería recordarle al ministro que el actual titular de la Magistratura es el abogado Pablo Mosca. El letrado ganó ese lugar por una maniobra, lícita por supuesto, del quinteto oficialista que se impuso sobre la pretensión del juez Luis María Cabral de conducir ese cuerpo colegiado recién renovado.
Quizás lo de Fernández tengaque ver con la siempre vigente intención de los alfiles peronistas Carlos Kunkel y Nicolás Fernández de avasallar la figura de Mosca como director de esa orquesta.
Alivio
En concreto: la denuncia llegó a la Magistratura y los consejeros kirchneristas respiraron aliviado. El «caso Biscayart» será analizado en la comisión de acusación y disciplina. En esa mesa se verá si la resolución del juez de mudar al detenido Adrián López de una cárcel a una comisaría y decretar inconstitucional dos decretos ministeriales merece una condena leve o la destitución.
En la nota 2473/07, el ministro Fernández describe las circunstancias fácticas y normativas que hacen que su enojo con López Biscayart no tengan motivos infundados:
Le recuerda -en este caso a Lorenzetti- que existe un fallo de la Corte Suprema, motorizado por Horacio Verbitsky, que instruyó al Estado sobre el tratamiento de reclusos.
«Mal podría un magistrado apartarse del precedente sentado por la Corte Suprema disponiendo que el alojamiento de un detenido en locaciones que, como se viera, no revisten las condiciones edilicias y de salubridad mínimas necesarias», puntualiza el ministro en su denuncia.
Para aventar sospechas de presiones, Fernández le recuerda al juez, que la decisión de impedir el alojamiento de presos en comisarías «son instrucciones internas que el suscripto imparte como conductor político del esfuerzo nacional de policía».
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