El subterfugio de padecer enfermedades hasta ahora no conocidas permitió a Adolfo Rodríguez Saá y a Ramón Puerta -este último padece de asma aunque del primero se desconocía algún tipo de inconveniencia física-deslindar su responsabilidad legal en el ejercicio de la presidencia de la Nación y permitir que Eduardo Camaño -tercero en la línea de sucesión-asumiera provisoriamente por 48 horas para llenar el peligroso vacío que se creó entre las 23 del domingo pasado y las 17 del lunes, cuando efectivamente se hizo cargo el titular de la Cámara de Diputados. El delito de abandono de funciones es excarcelable y prevé una multa de $ 12.500 e inhabilitación especial de un mes a un año para ejercer cargos públicos.
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El 31 de diciembre a primera hora María Servini de Cubría intimó a Rodríguez Saá para que en el perentorio plazo de cuatro horas le comunicara «si su dimisión había sido aceptada en forma legal» y le advirtió que si no continuaba en funciones hasta que la Asamblea Legislativa le aceptara la renuncia, «le prodría aplicar sanciones legales». La decisión de la jueza federal porteña fue criticada en la Corte -aunque en realidad le hubiera correspondido a ese tribunal recordar el vacío de poder existente-por entender que existió una presunta extralimitación en su jurisdiccionalidad, volviéndose a colocar en el centro de la escena política sin estar facultada para ello, como cuando psicológicamente -por su sola presencia en la Plaza de Mayo-alentó a los violentos y frenó a la Policía al extremo que hubo diputados radicales y peronistas que analizaron un pedido de juicio político en su contra.
Como Rodríguez Saá se despreocupó en un principio de la jueza porteña -se recluyó en su fortificada residencia de Los Chorrillos, en las afueras de Juana Kooslay, a unos 10 kilómetros de la capital provincial-, Servini de Cubría intimó de la misma manera a Puerta -ya había anticipado que renunciaría a la presidencia provisional del Senado-, quien rápido de reflejos se refugió en su padecimiento asmático para bloquear un eventual proceso en su contra. Enterado el puntano --amena-zó irse a blandir cacerolas, las mismas que lo habían obligado a dejar la presidencia provisoria-, copió al misionero y comunicó que se encontraba enfermo pero sin especificar tipo alguno salvo que por alguna razón prefiera mantenerla oculta.
• Procesos
Pero, dispuesta a no cejar en sus pretensiones de convertirse en la «jueza de la República», Servini de Cubría logró que dos fiscales federales con los que mantiene buen trato -sólo recibe llamados de aliados y amigos que aplauden sus cuestionadas disposiciones-emprolijaran su actuación y pidieran la apertura de un proceso penal contra el ex presidente proviso-rio. Luis Comparatore y Patricio Evers le requirieron que investigue si Rodríguez Saá dio «la orden de no actuar a la Policía Federal durante los disturbios del último sábado en la Casa Rosada y en la Plaza de los Dos Congresos. Comparatore y Evers quieren agrandar la ronda de investigados, sumando al hasta ayer ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli; al jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, y al secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez.
La jueza, en declaraciones radiales, justificó su proceder sosteniendo que «en esos momentos no había ninguna autoridad que estuviera a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y que Rodríguez Saá estaba incurso dentro de las penalidades del artículo 252 del Código Penal, que castiga a quien abandona sus funciones antes que se le admita la renuncia por parte del órgano constitucional correspondiente».
Para Servini de Cubría ambas renuncias sólo son válidas cuando son aceptadas por la Asamblea Legislativa. «Anoche (por el domingo, cuando se esperaban manifestaciones de grupos ultra) no había autoridad para hacerse cargo si había que actuar. Sólo estábamos Alvarez y yo», dramatizó la jueza federal en turno con todas las fuerzas de seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, posición que la impulsó a ir a la Plaza de Mayo y a querer investigar a Rodríguez Saá y a Puerta.
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