Cambios absurdos e irresponsables

El superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, dijo que no autorizó el aumento de 22% que pidieron las empresas y que sólo se les permitió un incremento de 2%. Sin embargo, las empresas ofrecerán optar por quedarse con la actual cobertura y pagar un incremento de 22% o pasarse a un nuevo sistema que costará 2% más y tendrá copagos (es decir, de menor nivel; ya que se paga un adicional cuando se usan determinadas prestaciones). Para el superintendente, el primero es un servicio distinto al que veníamos recibiendo los afiliados, ya que ahora tiene prestaciones adicionales a las que teníamos antes; por lo que es lógico que cuesten más.

Sin embargo, ninguna prepaga ofrecerá mantener la prestación (sin copago) que hasta ahora ha recibido el afiliado, ya sea con un aumento menor a 22% o sin cambios en el costo o con 2% más. En una palabra, ¿pueden obligarme a cambiar mi prestación por otra que no es la que tengo hoy? ¿Por qué no puedo optar por pagar más y mantener el actual servicio que tengo?

Despreocupados

La respuesta es que, en la Argentina, la política de salud parece que se determina por la variación del Indice de Precios al Consumidor y desde la Secretaría de Comercio Interior. Ni la Superintendencia de Servicios de Salud ni el ministerio correspondiente, se preocuparon de que la nueva oferta de prestaciones mejorara el sistema de salud del país. Sólo se intenta engañar a la gente y al INDEC para que tome en el IPC un aumento de 2% y si usted y su familia tiene mejor o peor cuidado de su salud, a nadie le importa. Un absurdo irresponsable.

Por otro lado, recientemente el gobierno lanzó una reforma del sistema previsional argumentando que incrementaba la « libertad» de los actuales afiliados al sistema de capitalización permitiéndoles optar por pasar al de reparto. En todo el mundo, el régimen de reparto es un enorme problema. De hecho, el astronómico endeudamiento estatal que generó en EE.UU. y Europa es el principal tema fiscal a resolver a futuro. ¿Por qué?

Compromiso

Cuando alguien hace un aporte al esquema de reparto está comprándole al Estado un compromiso de pago de una determinada suma una vez que se jubile. Es decir, es como comprarle un título público que pagará cupones mensuales a partir de que se entre en la etapa pasiva. Sin embargo, los gobiernos contabilizan estos aportes como ingreso corriente y no como endeudamiento estatal: ello les permite gastárselos alegremente sin que se refleje como un déficit. En definitiva, será otro gobierno en el futuro el que deberá conseguir los recursos que se gastaron y cumplir con el compromiso asumido por el Estado.

En la Argentina el sistema quebró antes por el despilfarro y el desmanejo irresponsable y no pudo cumplir con los haberes comprometidos. Por eso, fue necesario avanzar hacia una solución, que es la que se evalúa en el resto del mundo, el sistema de capitalización. Donde cada uno aporta a una «cajita» inembargable que es de cada uno y elige un administrador de fondos para que invierta los recursos. Al jubilarse uno recibe lo acumulado en ella y compra una jubilación privada que estará acorde al esfuerzo realizado. Es cierto que acá se cometieron errores de implementación que implicaron pagar algún costo mayor al necesario. Pero, si ya lo pagamos, ¿para qué volver al problema? En vez de ello, ¿por qué no mejorar lo mejorable?

Por otro lado, si están tan preocupados por darle libertad a los aportantes, que eliminen el aporte obligatorio a un sistema de seguridad social oficial y déjenlos decidir cómo hacer su ahorro previsional. Alguno dirá que, entonces, la sociedad tendrá que hacerse cargo de sostener en su vejez a los irresponsables que no ahorraron o a los que invirtieron mal. Sin embargo, parece que a nadie le importa que los argentinos en su conjunto tengamos que hacernos cargo de pagar más impuestos para morigerar el perjuicio que tendrán los futuros jubilados del sistema de reparto, cuyos ahorros gastarán el actual y los futuros gobiernos. Conste que esto no es un invento mío, pregúntenle a cualquier «abuelo» actual que cobra más que la «mínima» si está recibiendo lo que debería según sus aportes. Además, en la actualidad, parte de la recaudación de impuestos coparticipables va al sistema previsional a disminuir la pérdida de calidad de vida de los jubilados, cuyos aportes otros gobiernos despilfarraron en el pasado.

De todas formas, ya que el gobierno ha decidido respetar la «libertad», otra alternativa sería obligar solamente a aportar por un mínimo que garantice un nivel de vida digno de tal forma de garantizar que la sociedad no tendrá que mantenernos en nuestra vejez. Con el resto de su ahorro previsional cada uno debería poder hacer lo que quiera. Sin embargo, esto tiene un pequeño problema.

Tanta «libertad» atenta contra la «caja» que los gobiernos tendrán disponible para gastar. Por eso, nos dan la «libertad» de ir al sistema de reparto y permitir que el Estado pueda disponer de todos nuestros ahorros para la jubilación.

No es «más libertad» que el gobierno dé la posibilidad de optar por algo que generará un perjuicio al individuo y a la sociedad, que se tendrá que hacer cargo de pagar más impuestos para cubrir parte de la pérdida que éste tendrá por su opción. Eso es irresponsabilidad.