Campaña paraliza la Auditoría

La Auditoría General de la Nación sigue demorada en emitir el dictamen que le encargó en diciembre pasado el Congreso sobre el accionar del Ministerio de Economía en torno al fallido pago al Grupo Greco. No es casual ya que hayan pasado casi siete meses desde que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas le encargara esa investigación por votación unánime de kirchneristas y radicales, sin que existan noticias de ese informe. El plazo excede los que normalmente se toma la AGN para emitir una opinión. Pero ese es sólo un ejemplo, ya que se sabe que esa investigación está terminada en el organismo y a la espera de una orden para hacerla pública. El tema a dilucidar es ¿de quién?

Lo mismo sucede con otros trabajos de auditoría en temas urticantes, como la distribución de subsidios en la Secretaría de Transporte. De hecho la Auditoría ha mermado la frecuencia con que presenta estos dictámenes. Si bien el ritmo de informes deber ser medianamente constante para cumplir la tarea, mientras en abril emitió siete informes, en mayo se elevó a 29 y en junio descendió a 13. De todas formas, ninguno de ellos giró en torno a temas conflictivos, ni para la Casa de Gobierno, ni para la oposición.

Esta es quizá la clave de la inmovilidad que se le imputa a la AGN en los últimos tiempos. Las demoras llamaron la atención entre los radicales hace tiempo. En general, como ya adelantó este diario, las desconfianzas por la demora en emitir dictámenes sobre temas conflictivos cayeron sobre Leandro Despouy, el presidente de la AGN que ocupa ese lugar en representación del radicalismo, pero ahora no parece mantener las mismas lealtades que en otros tiempos.

Hoy, el resultado de algunas investigaciones puede complicar tanto al oficialismo como a la oposición. El informe sobre el caso Greco está listo desde hace tiempo. El resultado ahora sería previsible: la Auditoría no complicará demasiado la situación de Felisa Miceli, pero sí lo hará con los hombres que Roberto Lavagna puso en el área de legales del Ministerio de Economía, cuando el expediente del juicio iniciado por los Greco contra el Estado entró en la fase de homologación del acuerdo entre las partes y reconocimiento de una deuda, que otros defensores del Estado negaron.

Ex funcionario

En la Auditoría se anuncia, siempre en ámbitos reservados como suelen hacer los auditores generales, cuidadosos de su posición política frente a una reelección de mandato, que el informe también cargará contra un ex funcionario de Economía, Alfredo McLaughlin, que ocupó la Secretaría de Finanzas hasta el año pasado. Fue un funcionario de estrecha relación con Néstor Kirchner y asesor del Presidente en temas financieros de Santa Cruz.

El área deuda pública estaba enteramente a su cargo y las seis órdenes de pago a favor de los Greco fueron procesadas precisamente allí. Por lo tanto, suponen en la Auditoría que fue el funcionario más indicado para llevar el expediente de los Greco hasta el escritorio de Miceli.

El escenario no es bueno, entonces, para opositores u oficialistas. Se explica así que ese informe no vea la luz, por lo menos, mientras pueda causar daño electoral tanto a Lavagna como a los Kirchner y en un momento en que Miceli está acosada ya por otros temas, como la investigación judicial por la bolsa de dinero encontrada en su despacho.

Otros temas, como la distribución de fondos para transportes y energía, no complican a la oposición, pero si al gobierno. Nada menor, entonces, que obviarlos usando las nuevas mayorías que el gobierno ha conseguido convocar dentro del colegio de auditores.