La Cámara del Crimen confirmó ayer el procesamiento aunque no les dictó la prisión preventiva a 16 --actuales y ex-funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se desempeñaban en la Subsecretaría de Inspección General bajo la administración peronista de Saúl Bouer por el presunto delito de asociación ilícita. Nadie quedó preso por este último delito que no permite la excarcelación cuando se califica de jefe u organizador-cohecho (coimas) y enriquecimiento ilícito. Este procesamiento ya había sido dictado por el juez del crimen, RaúlYrigoyen, quien además les había trabado embargo por $ 500.000, una cifra que ayer también confirmaron los camaristas Mario Filosof y Guillermo Navarro que integran la Sala V.
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La investigación se inició cuando el ex diputado cavallista Guillermo Francos (que entonces militaba en el Partido Federal) -fue convocado por Bouer para cubrir un área sensible de la administración comunal. El ex funcionario denunció actos de presunta corrupción por parte de empleados y funcionarios que lo habían precedido en la conducción de esa subsecretaría. Francos señaló la existencia de una red extorsiva destinada presuntamente a recaudar dinero a cambio de la concesión de permisos para desempeñar actividades comerciales, ante la dificultad de los interesados para cumplir con las ordenanzas y reglamentaciones.
Los procesados son el ex subsecretario de Inspección General, Pedro Fernández Sanjurjo -miembro de la armada en retiro-que fue director adjunto de la Policía Municipal, Oscar Di Virgilio, Héctor Ares, (ex jefe de Vía Pública); Osvaldo Gomila, (ex director de Especiales) y los ex inspectores, Carlos Cassini, Fernando Crosta, Mario y Daniel Nana, Jorge Pagnotta, José Corrarello, Gustavo Brizuela, Miguel Carlucci, Eduardo Jaramillo,Guillermo Peña, Mario Zárate y José Iuliano. Todo este grupo pertenecía a la dirección de Habilitaciones y Permisos.
El arquitecto Alfredo Alimena, a cargo entonces de la Policía Municipal, testimonió que los operativos para erradicar la venta ambulante ilegal fracasaban siempre porque los puesteros eran avisados de que su zona iba a ser supervisada. Si bien todos los imputados rechazaron su participación en una asociación ilícita, tal como la denunciada, Yrigoyen consideró insoslayable que muchos de ellos hubiesen sido favorecidos por Sanjurjo con cargos de mayor responsabilidad, los que les otorgaban mayor poder de decisión en el ámbito comunal.
El juez tuvo en cuenta los abultados gastos de teléfonos celulares cuando a esa fecha -entre 1992 y 1994- su uso resultaba oneroso para las arcas municipales. Tampoco el ex inspector Nana pudo explicar por qué se encontraron en su domicilio 29 fajas de clausura, solicitudes de licencias en blanco, un talonario de infracciones, cuando su tarea era ajena a los controles de rutina. Para el juez la tenencia de esos elementos que pertenecían a otra repartición de la que prestaba servicios el imputado, confirmaba que tenía presuntos cómplices.
También se utilizó una demanda de divorcio de la esposa del imputado Pagnotta. En ese escrito judicial, la mujer describió cómo aumentó presuntamente el patrimonio de su marido tras iniciar actividades «dentro del ámbito del sindicato de empleados municipales». Otro testigo - Roberto Cappi, ex puestero en la vía pública-, declaró que si los que pretendían una habilitación no pagaban «el expediente era destinado al cajoneo». Sin embargo, pese a la prueba colecta -hasta el momento-ni el juez ni los camaristas pudieron determinar quién era el jefe de la asociación ilícita instalada en la ex Subsecretaría de Inspección General, ya que un cargo jerárquico en esa repartición podía no corresponderse con la responsabilidad en la estructura clandestina.
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