16 de marzo 2004 - 00:00

Carrió dice tener pruebas de aporte de pesquera a Kirchner

El ARI de Elisa Carrió aseguró ayer que «esta semana-» presentará un informe que vincula a la empresa Conarpesa con la campaña electoral del presidente Néstor Kirchner.

El ministro Aníbal Fernández desmintió esa aseveración y sostuvo que Conarpesa «no aportó un solo centavo a la campaña» del entonces gobernador de Santa Cruz y candidato presidencial.

La pesquera Conarpesa está en la mira de la Justicia, porque sus propietarios están prófugos y aparecen como sospechosos de la autoría intelectual del asesinato de Rubén «Cacho» Espinosa, otro empresario pesquero de Puerto Madryn, Chubut, y también en Santa Cruz.

Por este crimen -cometido hace más de un año-un juez, Juan Eduardo Meani, evalúa interrogar al Presidente y a algunos miembros de su staff.

¿Por qué le interesa al juez citar a Kirchner en el caso de la muerte de Espinosa? Es que los sospechosos podrían estar vinculados al presidente de la Nación o éste puede saber algo sobre su situación. Se trata de Juan Alvarez Cornejo y Fernando Alvarez Castellanos, padre e hijo, y propietarios de Conarpesa SA, la compañía pesquera más importante del país. Ambos prófugos se cree que pueden estar en Galicia, de donde son oriundos, aunque uno de ellos tiene fijado domicilio en Madrid. Alvarez Cornejo es fundador de Continental Armadores de Pesca (Conarpesa) y su hijo Fernando es el actual presidente. La empresa posee cinco factorías en el sur del país, una veintena de buques, exporta sus capturas de langostinos a España y factura cien millones de dólares anuales.

Las inversiones en la Patagonia le habrían dado fuertes vínculos con Kirchner cuando éste era gobernador. Alvarez Castellano de Conarpesa está mencionado como un hombre «auténticamente K» en el arco económico.

Raúl «Cacho» Espinosa fue un ex empleado de los Alvarez que renunció y llegó a convertirse en su principal competidor comercial fundando la empresa San Isidro SA. Fue asesinado el 30 de enero de 2003 de un tiro en el pecho cuando llegaba a la casa de sus suegros.

• Encuentro

Semanas antes de que lo mataran tuvo un encuentro con Elisa Carrió y Graciela Ocaña y les entregó informes sobre pesca ilegal en zonas prohibidas y sobre todo el bajo aporte impositivo por la pesca de camarones. Ocaña investigaba este crimen cuando fue llamada a conducir el PAMI. Y desde el ARI se afirmó que el nombramiento fue una intentona del gobierno por frenar la investigación. Hasta ahora, el único detenido por el crimen es José Domingo Segundo, un desempleado de 26 años y padre de seis hijos, al que señalan como supuesto sicario que asesinó a Espinosa, pero muchossospechan que «se hizo cargo» del asesinato por su miseria y que el autor sería del terrorismo español ETA. Ya en febrero de 2003, el fiscal Nelson Menghini, entonces a cargo de la investigación, solicitó la búsqueda y captura de los empresarios españoles, pero más de una decena de jueces protagónicos declinaron esta petición, alegando muy variados motivos.

Según se afirma, los Alvarez hicieron su fortuna autoexportándose langostino desde la Patagonia hacia España, donde tienen otra empresa, además de beneficiarse con el pago argentino de subsidio a las exportaciones y la exención del pago de Ingresos Brutos. Este tema lo investigó años atrás el hoy fiscal de casación Raúl Plee.

La jefa del ARI, Elisa Carrió, no duda en asegurar que el gobierno está relacionado con «la mafia» de la pesca, y vincula a Conarpesa con el narcotráfico en la denominada Operación Langostino, además de sostener que la empresa «financió la campaña presidencial» de Kirchner.

«Uno de los recaudadores de campaña tiene un gran cargo en el Ejecutivo Nacional», aseguró y se animó a afirmar que los propietarios de la firma, «son testaferros» del hijo del empresario Jorge Antonio, un industrial con vinculaciones con el justicialismo. Es de esperar que los « indicios» que promete Carrió no sean tan endebles (listados de Internet, documentos anónimos con nombres falsos) como los que usó para acusar de «lavado de dinero» a funcionarios y empresarios al comenzar 2001. Por la endeblez no prosperarían las acusaciones, pero afectó a mucha gente inocente con el escándalo fraguado.

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