Casi ningún partido está en regla para las elecciones

El 3 de setiembre próximo los partidos políticos que a esa fecha inscriban listas de candidatos a diputados y senadores nacionales para las elecciones del 23 de octubre estarán en condiciones de reclamar fondos del Estado para pagar sus campañas. Para esa fecha, los partidos que compitan tienen que tener los papeles en regla para que el Ministerio del Interior habilite la ventanilla porque quienes no hayan rendido bien el destino de los fondos recibidos para las elecciones nacionales de 2003 quedarán inhabilitados.

Según el Código Electoral y la ley de financiamiento de los partidos, tienen derecho a recibir esos fondos los partidos que participen en la elección según el porcentaje de votos obtenidos en la anterior, pero esos gastos tienen que recibir la aprobación del juzgado electoral.

Las normas en vigencia datan del año 2002 y estas exigencias de rendición se inauguraron en los comicios del año siguiente. Pero la lentitud con que se realiza el proceso de auditoría en el juzgado federal de María Servini de Cubría lleva ya más de un año y medio enfrascado en determinar quién gastó bien y, quién gastó mal. Comprensible si se piensa que en esas elecciones debutó el sistema que intenta imponer algo de transparencia en la zona más turbia de la política criolla que es la financiación de la política.

• Inhabilitaciones

Si se tomase la situación de los partidos a marzo de 2005, según el informe de los peritos de la Cámara Nacional Electoral, podrían quedar inhabilitados los partidos y alianzas que llevaron a las urnas a los principales candidatos de la elección presidencial del 27 de abril de 2003: Néstor Kirchner, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá, Ricardo López Murphy, Elisa Carrió, y otros.

Los peritos han recorrido todo el país reconstruyendo el trámite de los gastos informados por los partidos y alianzas tratando de juntar facturas y testimonios de estas erogaciones. Sobre el resultado de esos peritajes, que se completan con las aclaraciones reclamadas a los apoderados de los partidos, el juzgado de Servini de Cubría y la Cámara Nacional Electoral podrán autorizar o no a esos partidos y alianzas a participar de las elecciones nacionales.

Veamos el panorama según esos peritos a fecha 8 de marzo, última registro al que pudo acceder este diario:

• Alianza Frente para la Victoria (Kirchner-Scioli): subsisten diferencias sobre montos no declarados ($ 2.265.221) y por ajustes propuestos ($ 1.162.067) lo cual arroja un total de $ 3.427.289. También los peritos han denunciado discrepancias entre el monto que reconoce esta Alianza como erogado por la Fundación Argentina Solidaria, no declarada en el informe final presentado, de la suma adjudicada por el cuerpo de auditoría, que fue de $ 8.464.190. Este último renglón puede abrir una historia apasionante, ya que es la misma Fundación que aparece aportando $ 7.494.417 a la Alianza Frente por la Lealtad que llevó a la fórmula Menem-Romero.

• Esa Fundación ha estado ligada a Romero en actividades de tipo benéfico pero ya fue disuelta. Esos aportes, dicen los peritos, surgieron de la pesquisa de los investigadores sobre facturas de gastos de campaña. Lo mismo ocurre con la Fundación que aparece aportando fondos a la fórmula López Murphy-Gómez Diez (Recrear). En efecto, la Fundación Cívico Republicana tiene observados gastos de campaña por $ 1.550.000 y agrega una complicación más: su presidente es Ricardo López Murphy y ese papel era incompatible con el de miembro de la fórmula presidencial. También este sector debe rendir gastos observados por $ 896.056.

• La Alianza Frente por la Lealtad (Menem-Romero) es un drama: ganó la elección del 27 de abril, perdió por puntos la presidencia en manos quien la perdió (Kirchner-Scioli) y además tiene que aclarar el destino de gastos «no informados» por $ 11.032.250. Se incluyen allí los fondos insólitos aportados por la misma fundación que aparece a la vez sufragando gastos de Kirchner y otros que aportó la Fundación Salta Solidaria ($ 919.003). Este diario no logró una explicación en Tribunales a esta aparición de una misma fundación pagando gastos de dos candidatos enfrentados en la misma elección. Un juez con competencia electoral que pidió no ser identificado dijo que podría tratarse de la consecuencia de la división de fondos del peronismo en sus diversas boletas (los llamados neolemas).

• A la fórmula de Izquierda Unida (Patricia Walsh-Marcelo Parrili) los peritos le observan que sobre un total de $ 655.969 rendidos, $ 105.944 provienen de la venta de «publicaciones callejeras». Les parece incomprensible la rentabilidad de ese negocio aunque los militantes de la izquierda criolla tengan una sana pasión por la lectura. Deberán documentarlo fehacientemente.

• El Partido Popular por la Reconstrucción (Breide Obeid-Vasena) está observada por una diferencia de $ 161.696 entre los ingresos declarados por el partido y los montos asignados por la dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. También tiene diferencias similares por $ 54.900 la rendición del partido Socialista (Bravo-Giustiniani), lo cual se suma a la falta de retención de Impuesto a las Ganancias de los honorarios ($ 60.000) de un proveedor de profesión arquitecto.

• El trotskista Partido Obrero (Altamira-Salas) es tan rebelde al régimen demoliberal que directamente no ha presentado informe detallado de gastos e ingresos. Lo mismo han hecho los revolucionarios de signo contrario del MODIN (Terán-Bonacci). Más ingeniosos al explicar por qué no han rendido los fondos ha sido el partido Unión Popular (Arcagni-Zenof) que no individualizó los fondos que aparecen como «préstamos», tampoco los que tiene origen en «eventos» ni aporta documentación sobre egreso.

• La fórmula Carrió-Gutiérrez (ARI) también está floja de papeles según este informe porque deben resolverse «capítulos correspondientes a donaciones telefónicas». Uno de los procedimientos de campaña de este partido consistía en recaudar del público que llamaba a determinados números sobre los cuales las empresas telefónicas hacían una retención tarifaria con destino a ese partido.

• También tiene observaciones el Partido Humanista (Sullings-Ambrosio) que gastó en efectivo los fondos provenientes del Estado y no a través de las chequeras como indica la ley. Además la factura por impresión de boletas (por $ 153.379) está fechada después de las elecciones.

• La UCR (Moreau-Lozada), después de mucho tiempo de estar en falta, regularizó su situación presentando un prolijo balance que no fue objetado. El lector se preguntará en qué lugar de esta lista está el Partido Justicialista. En ninguno, porque formalmente el PJ no participó de la contienda electoral. Ese sello no figuró en ninguna de las tres alianzas que llevaron a las urnas a los candidatos del partido (Menem, Kirchner, R. Saá), que se integraron con otros partidos nacionales y de distrito que son ahora los que tienen que pagar la minuta. Alentador para quienes sostienen que la principal capacidad del peronismo es mirar hacia otro lado cuando hay que pagar la factura. Un Kirchner puede gobernar como presidente peronista abjurando de todo lo que él y los demás dirigentes del peronismo hicieron en la década de los años '90. Hoy gobierna el país después de una elección en la cual, encima, el Partido Justicialista ni participó ni dejó cuentas para pagar.