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Por el ruido que generó el caso López, hasta Hebe de Bonafini, habitual vocera kirchnerista, embistió contra el gobierno. Y, en un vuelco extremo, pidió la renuncia de Solá que anteayer, en un dicho polémico, consideró a López el «primer desaparecido de la democracia».
El propio Kirchner le pidió ayer a Solá que corrija esos dichos. «El Presidente no estaba molesto. Me dijo que la palabra desaparecido estaba asociada con el terrorismo de Estado y que era mejor decir que podría estar secuestrado y no desaparecido», aclaró el gobernador la corrección semántica que le sugirió Kirchner.
En esa tensión política, con sectores antagónicos al gobierno y otros «neutros» -como el SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel-, a las 17.30 comenzará la movilización que irá desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, donde se leerá un documento en reclamo de la aparición «con vida» de López.
Más allá del tono moderado de los grupos cercanos al gobierno, en la marcha será inevitable que se explicite el malestar por el descuido en torno a López, quien testificó contra Etchecolatz y debía, en el futuro, declarar en otros juicios contra represores.
El punto es simple: a pesar de la relevancia de su testimonio, López carecía de custodia. Ese reproche castiga sin intermediarios a León Arslanian, pero, además, salpica al gobernador Solá. Desde la Casa Rosada apuntan también contra esos dos actores.
Urgido, a partir de una sugerencia que le acercó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, Solá prometió lanzar un programa de protección de testigos para quienes declaren en juicios por crímenes de lesa humanidad.
Dio, además, otro mensaje: jubiló a 60 policías al tiempo que admitió que en el supuesto secuestro de López podrían haber actuado « sectores vinculados» a la Policía Bonaerense. Alimentó, además, la hipótesis de que se pudo tratar de un rapto para amedrentar a otros testigos.
Sin resultados por los rastrillajes permanentes de fuerzas de seguridad, como parte de la «búsqueda nacional» que se lanzó para intentar encontrar a López, la familia continuaba ayer aferrada a la teoría de que el albañil de 77 años se ausentó por propia voluntad.
Así y todo, los organizadores de la marcha -donde confluyen sectores críticos del gobierno y otros que sintonizan con Kirchner y Solá- coincidían anoche, más allá de formas y palabras, en apuntar hacia una desaparición forzada, con tinte político.
«Denunciamos que el aparato represivo sigue impune y pedimos juicio y castigo a los culpables de la desaparición», es el planteo del colectivo de izquierda que se agrupa en torno al Encuentro 30 años Memoria, Verdad y Justicia.
A ese club se plegó, además, Raúl Castells, quien postergó para mañana la marcha que realizará en Villa Fiorito junto con Blumberg para reclamar por seguridad (ver aparte).
Es el mismo que confrontó con los piqueteros K en los actos en Plaza de Mayo por los 30 años del golpe de Estado de 1976. Frente al caso López, esa pulseada volvió a producirse.
El documento será leído al fin de la marcha entre Congreso y Plaza de Mayo por la ex desaparecida Nilda Eloy, querellante de Etchecolatz en el juicio cuya sentencia de perpetua se difundió ayer.



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