Caso valijero: habló el fiscal

Confirmó ayer el fiscal norteamericano Thomas Mulvihill que los 800 mil dólares capturados al valijero Antonini Wilson eran para la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. Y, ayer, en audiencia pública, agregó que el imputado recibió amenazas y una tentación pecuniaria (dos millones de dólares) para que no revelara el destino político de esos fondos. Señaló, para mayor escándalo, que el gobierno argentino había participado de esa conjura de ocultamiento. Como se esperaba, esa declaración complica más a la administración Kirchner en su relación con los Estados Unidos, aunque hoy el canciller Jorge Taiana evitará una protesta formal contra el embajador norteamericano Earl Wayne. Ya saben la respuesta: EE.UU. no controla a su Justicia (al revés, claro, de lo que ayer afirmó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández). El caso avanza para convertirse en el mayor novelón del kirchnerismo, de incierto desenlace y penosos contrapuntos.

Cristina de Kirchner anoche en Montevideo, junto al canciller Jorge Taiana, a quien instruyó que hoy haga en Buenos Aires una queja oral pero no formal ante el embajador de Estados Unidos. No quiere que le respondan otra vez que lo del valijero es una cuestión policial.

La segunda audiencia de la Corte Federal en Miami, donde se ventila el caso de los cuatro detenidos que intentaron amenazar al venezolano Guido Antonini Wilson, complicó aun más la situación del gobierno argentino frente al caso del valijero. «Hay numerosas grabaciones en las que dejan bien claro que había un acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y Venezuela en el que la verdadera fuente de los fondos sería suprimida y este problema desaparecía, siempre y cuando Antonini colaborara», dijo ayer en ese juzgado el fiscal Thomas Mulvihill. Quiso explicar así la supuesta necesidad para los gobiernos de Buenos Aires y Caracas de hacer desaparecer cualquier prueba sobre el dinero que llegó a Buenos Aires. Es decir, convencer a Antonini Wilson de que se hiciera cargo del delito. Para eso, como se explicó desde el FBI en los últimos días, los ex socios del valijero apelaron en Miami a supuestas amenazas contra sus hijos y hasta le ofrecieron que PDVSA, la petrolera venezolana, se haría cargo de los gastos de su defensa en Buenos Aires.

Pero toda esa historia quedó ahora atrás frente al escándalo que supone una acusación de complot entre dos gobierno para ocultar un delito. La revelación del fiscal, de ser cierta, complicará hasta límites impredecibles la relación entre la Argentina y EE.UU. Antes de conocerse ese dato se supo que Jorge Taiana se reuniría hoy con el embajador Earl Antony Wayne para pedirle que se acelerara la demorada extradición de Antonini Wilson a Buenos Aires, casi una formalidad sin efecto práctico, pero sin presentar una protesta formal por escrito. Ahora, ese encuentro puede tomar otro tinte.

La audiencia de ayer en Miami sirvió también para revelar, de acuerdo con la acusación del FBI, que el gobierno de Venezuela intentó por cualquier vía evitar que el hombre de los u$s 800.000 hablara sobre la operación del traslado de los fondos. El fiscal Thomas Mulvihill explicó en el juzgado que «dos de los acusados le ofrecieron u$s 2 millones para que ocultara que el di nero provenía de Venezuela y que estaba destinado a la campaña presidencial en la Argentina», que hace 48 horas el mismo fiscal reveló como la de Cristina de Kirchner.

Hasta ahora el FBI había mencionado que los tres venezolanos acusados de ser agentes de la vicepresidencia de Venezuela había amenazado a Antonini hasta con la seguridad de sus propios hijos y que la operación estaba destinada a cubrir un escándalo internacional « creciente» que podía afectar la elección presidencial en la Argentina. Pero nunca se había revelado que se intentó sobornar a Antonini con una suma inclusive mucho mayor que el dinero que intentó ingresar por Aeroparque.

Confirmación

De todas formas no será la única prueba que se ventilará por ahora: el juez federal William Turnoff no está convencido aún sobre la peligrosidad del uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello -la audiencia de ayer fue para analizar su posible libertad durante el juicio- por lo que el FBI deberá continuar aportando pruebas.

Mulvihill confirmó ayer que el destino de los fondos del valijero Antonini era la campaña presidencial en la Argentina, como supuestamente figura en las grabaciones que el FBI -con ayuda de Antonini-tomó de Franklin Durán, uno de los tres venezolanos detenidos acusados de ser agentes de Hugo Chávez en ese país, se dedicó a intentar probar ante el juez las «operaciones» en el área de Miami de los cuatro involucrados.

Ese es el centro de la acusación del FBI y no el destino de los fondos que llegaron en la valija a Buenos Aires, que en esta causa operan sólo como una prueba.

Por eso la insistencia de Mulvihill ayer en explicar el móvil del delito: «El problema que causó es que se convirtió en un desastre de relaciones públicas -dijo-, para contener ese desastre de relaciones públicas, los agentes venezolanos se reunieron con el señor Antonini». En ese accionar es donde queda entrampada la campaña de Cristina de Kirchner: cuando Mulvihill habla de «desastre» se refiere a que se haya hecho público el ingreso de dinero en negro de Venezuela a la Argentina.

En la audiencia de ayer, el fiscal federal esquivó revelar los nombres de los dos venezolanos que le ofrecieron el soborno a Antonini Wilson para intentar silenciarlo.

En la audiencia, tanto el fiscal como el FBI, que llevan adelante la acusación contra los supuestos agentes extranjeros que operan en el área de Miami, debían comenzar a fundar con pruebas esas acusaciones, especialmente porque se trataba de una sesión donde el juez debía decidir otorgar o no la libertad condicionaldel uruguayo Wanseele Paciello, sobre cuya participación en los hechos recién ayer se conoció con más detalle. Para eso el FBI puso a declarar ante el juez a un agente que había hecho el seguimiento de la operación. Ryan Young explicó en el estrado que Wanseele estuvo encargado de llevar al hombre que le ofreció los u$s 2 millones a Antonini al local de Starbucks en Miami, que se mantuvo como «campana» mientras el supuesto agente venezolano negociaba con Antonini y luego lo llevó de vuelta hasta su hotel. De acuerdo con el seguimiento que hizo el FBI, se relató que en el regreso Wanseele -que hasta ese momento pareció actuar casi como un mero chofer-tomó un camino alternativo de 64 kilómetros cuando la distancia era de sólo 11 kilómetros, para intentar eludir el rastro.

Wanseele hace ocho años que trabaja en EE.UU. en una empresa de exportación e importación. Ayer, la abogada que le designó el estado de Florida pidió su libertad alegando que nunca había tenido antecedentes penales en los EE.UU. y que la participación en los hechos de los que se lo acusaba era mínima. La fiscalía, mientras tanto, intentó hacerlo aparecer como un aliado indispensable de los «agentes» venezolanos.

El saldo de la audiencia de ayer no fue un éxito rotundo para el FBI, más bien un empate. El juez le concedió a Wanseele el beneficio de la libertad pagando una fianza de u$s 150.000, aunque luego suspendió esa orden y le otorgó a Mulvihill la posibilidad de apelarla pero con un plazo de 48 horas para ampliar la prueba.