El ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Riveros fue condenado a la pena de prisión perpetua por el secuestro, la tortura y el posterior asesinato de un joven militante comunista, en 1976.
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La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, tras siete horas de lectura del fallo, considerado emblemático por los organismos de derechos humanos.
Asimismo, el tribunal dictó condenas que van de los 8 a los 25 años de prisión para los otros jefes de la guarnición, por los delitos de secuestro ilegal y tormentos contra el joven Floral Avellaneda y su madre Iris Pereyra.
El Tribunal condenó a 25 años de cárcel al ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo Fernando Verplaetzen y a 18 años al ex jefe de la escuela de infantería Osvaldo García.
Los tres ex jerarcas de la dictadura --Riveros, (86 años), Verplaetzen (84) y García (82)--, que cumplían prisión preventiva domiciliaria, deberán cumplir las penas en cárceles del Servicio Penitenciario, en Marcos Paz, al igual que los demás condenados.
El fallo deteminó además la condena a ocho años de prisión a otros dos oficiales que actuaron en el centro de detención clandestino conocido como "El Campito", César Fragni y Raúl Harsich.
En tanto, al ex policía bonaerense Alberto Aneto se le aplicó una pena de 14 años por el secuestro y la aplicación de "tormentos agravados" a un perseguido.
El tribunal, presidido por la jueza Lucila Larrandart e integrado por los magistrados Marta Milloc y Héctor Sagretti, consideró los delitos por los cuales condenó a los militares como crímenes de lesa humanidad.
Los magistrados dieron por probado que tanto Floreal Avellaneda como su madre, Iris Pereyra, fueron llevados por un grupo de tareas a la comisaría de Villa Martelli y luego trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
Aneto fue acusado por Iris Pereyra, la madre de Floreal que sobrevivió tras permanecer detenida en condiciones infrahumanas, de haber sido el oficial de la comisaría de Villa Martelli que encabezó el operativo en su domicilio.
Luego de escuchar los alegatos de los imputados, en sucesivas audiencias, que culminaron con el de Riveros, el TOF 1 rechazó los argumentos en contra de la derogación y posterior nulidad de las leyes llamadas de Obediencia Debida y Punto Final, al reivindicar el rango constitucional de las normas que proclaman la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Al leer los fundamentos de la sentencia, Larrandart sostuvo que la imprescriptibilidad ya estaba instalada en la legislación argentina "al momento de habr ocurrido los hechos), aseveraciones que están contenidas en el fallo condenatorio del agente de la policía secreta chilena Mario Arancibia Clavel.
Asimismo, señaló que "la evolución del derecho internacional" llevó a que los crímenes como los cometidos durante la dictadura argentina "tengan carácter imprescriptible".
"No existe en el derecho internacional ningún plazo de prescripción para este tipo de delitos", aseveró el Tribunal al rechazar las afirmaciones de Riveros y de los demás acusados, quienes pretendían ser juzgados pore la norma mas benigna, y hasta llegaron a calificar la figura penal como "foránea".
En el juicio actuaron cuatro querellas: Iris Pereyra y su marido, Floreal Avellaneda, representados por Jorge Brioso de Armas; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Federación Juvenil Comunista y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, que encabezó la querella de otros organismos oportunamente unificados.
Por otro lado, la fiscalía estuvo conformada por el fiscal general Marcelo García Berro, y los dos fiscales coadyuvantes Javier De Luca y Juan Patricio Murray.
Asimismo, tanto las querellas como la fiscalía habían solicitado al tribunal la pena de reclusión perpetua en cárcel común para los seis imputados.
La lectura de la sentencia contra Riveros y los otros represores por el crimen del adolescente Avellaneda comenzó pasadas las 15.00 y se extendió hasta después de las 21.00, sin la presencia de los acusados en la audiencia.,
En la sala se encontraban el presentes el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el dirigente comunista Patricio Echegara y la diputada Victoria Donda.
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