Causa Vialidad: comienza el alegato de la defensa de Lázaro Báez.
La defensa de Lázaro Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, dio inicio al alegato del dueño de Austral Construcciones, que ocupará las tres audiencias otorgadas por el Tribunal que lleva adelante la causa por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
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La representación del empresario habló de cinismo, pruebas falseadas y mentiras deliberadas por parte de la acusación. “La construcción del relato se destruye simplemente con leer la prueba en lugar de pesarla”. “No hay un solo km de ruta que se haya pagado y no se haya construido”.
Ante el Tribunal Oral Federal 2 prometió probar que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola utilizaron la prueba del juicio y de toda la causa para tergiversar los hechos y mentir en forma deliberada.
“Los fiscales intentaron ocultar lo que pasó en el juicio”, afirmó el abogado de Báez. “Vamos a demostrar que Luciani y Mola eligieron no ejercer objetivamente sus funciones y que falsearon la prueba”, agregó. Y auguró que el “doble estándar de la fiscalía va a ser desenmascarado” durante su exposición.
En ese sentido, Villanueva aseguró que “de ninguna manera hubo un perjuicio al Estado” y buscó rebatir la acusación del delito de administración fraudulenta. Habló de sobreprecios “inexistentes” y puso la responsabilidad de los incumplimientos de contratos en la gestión del exadministrador de Vialidad Nacional del macrismo, Javier Iguacel.
Villanueva habló de un “relato construido por los fiscales” a quienes acusó de desconocer “tres años de testigos que destrozaron la acusación”.
El alegato comenzó con la exposición de un video editado con un resumen de los testimonios que la defensa -asegura- beneficiaron a Lázaro Báez. “No se apreciaron diferencias entre lo ejecutado y lo pagado. Todo lo ejecutado estaba pagado”. “Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios”.
“Las demoras en las obras son habituales”. “La demora y tener que redeterminar es perjudicial para la contratista. No es beneficioso bajo ningún punto de vista”. Fueron parte del compendio que hizo la defensa de las declaraciones bajo juramento que tuvieron lugar durante el juicio.
En duros términos, Villanueva se refirió al alegato Luciani y Mola. Dijo las “frases de la fiscalía fueron más propias de un periodista o de un político opositor” y que “si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las garantías procesales, lo lograron”.
La defensa buscó demostrar que Báez no era un simple monotributista antes de convertirse en empresario de la construcción y despegó el crecimiento del empresario de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. En ese sentido detalló que en 1974 Báez entró al Banco Nación y estuvo catorce años en los cargos más altos. “No era ni un cajero ni un monotributista. La fiscalía les mintió a las partes”, aseguró Villanueva.
El abogado aseguró que la fiscalía mintió cuando ubicó la creación de Austral cuando ya se sabía que Kirchner iba a ser presidente. Mostró la documentación de la incorporación de Báez a la firma Badeal Construcciones el 18 de octubre del año 2000. “En esa fecha no estaba en los planes de nadie que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente de la Nación”, afirmó el abogado. Y describió que en 2003 Lázaro ya tenía más de tres años en la actividad.
El defensor dijo que la fiscalía mintió sobre los inicios de Austral, que se constituyó el 8 de abril de 2003, cuando “nadie sabía que Néstor Kirchner iba a ser electo presidente”. El fiscal Mola había hablado de mayo de ese año como fecha formal del comienzo de la contratista. “La fiscalía acomodó las fechas para construir su verdad”, concluyó.
Y explicó que el crecimiento de Báez en esos años respondió a una “lógica empresarial, no ilícita”, que incluyó asociarse con otras firmas, incorporar maquinaria y personal. Fue un “camino de cuatro años de crecimiento empresarial”, aseguró.
Uno de los argumentos que utilizó la acusación para mostrar las supuestas licitaciones amañadas fue que Austral fue adquiriendo las empresas de la competencia para copar el mercado y aparentar compulsas. Para eso, se apoyó en la declaración de la dirigente Mariana Zuvic, quien hasta llegó a deslizar sospechas sobre la muerte de Victorio Gotti, el dueño de la empresa homónima que luego habría sido adquirida por Báez.
Villanueva explicó que el hombre perdió la vida en un accidente automovilístico y que peritos técnicos de los carabineros de Chile determinaron que Gotti iba a más de 120 km y sin cinturón de seguridad. Que no vio una curva, su auto volcó, salió disparado del vehículo y murió.
“¿Cómo puede un Ministerio Público Fiscal darle más valor probatorio a los dichos de una opositora política que a una pericia accidentológica hecha por autoridades judiciales de otro país?”, se preguntó el defensor
El abogado negó enfáticamente que Gotti haya pertenecido a su defendido. Detalló que luego que murió Victorio Gotti, su familia habló con Lázaro y le dio un poder que utilizó sólo para un trámite puntual, el retiro de una oferta. Y detalló documentos donde figuran más apoderados además de Báez. “¿Por qué no les imputaron a ellos lo mismo?”, interrogó.
“Gotti se vendió. Si. Pero no la compró Báez, la compró Rovella Carranza S.A, una de las constructoras más poderosas del país. Esto está probado por la propia fiscalía, pero esa prueba la dejó a un costado. Gotti jamás fue de Lázaro ni de su círculo”, aseguró Villanueva. Y concluyó que “la fiscalía se propuso ignorar toda la prueba posible”
La defensa de Báez habló de una maniobra del gobierno de Mauricio Macri para llevar a la empresa a la quiebra.
En ese sentido negó que la firma haya sido abandonada, sino que “fue quebrada deliberadamente” por la gestión de Mauricio Macri. Por lo que los incumplimientos comenzaron una vez que cambió el gobierno. “La saquearon, la paralizaron. Les secuestraron todas las computadoras y los equipos. Lo metieron preso en abril de 2016”, dijo el abogado. Y recordó que la AFIP y la IGJ, en paralelo, le pedían numerosas documentaciones que Báez no podía responder porque estaba preso. “Decían ´no había nadie, no había nada en las oficinas. Estaban vaciadas´. Parece hasta cínico, señores jueces. Estaba todo secuestrado por el Ministerio Público fiscal y Lázaro estaba preso en Ezeiza”.
Villanueva apuntó al peritaje ordenado por el Tribunal y a los dos profesionales que concluyeron sobreprecios. Dijo que en noventa horas de alegato los fiscales usaron solo una hora 46 minutos para hablar del peritaje. De los cuales solo 56 minutos los dedicaron a buscar desacreditar a la perita de parte que dijo que no hubo pagos por encima de valores de mercado.
“Yo voy a demostrar que el peritaje de la fiscalía es una vergüenza”, dijo el defensor, quien llamó “pseudo perito” al ingeniero Pablo Eloy Bona. “Hicieron agua. Y los fiscales lo saben, lo vieron. Por eso durante su alegato decidieron mirar para otro lado, porque con la pericia no pudieron probar nada”, dijo. “Todos vimos el fracaso de los peritos de la acusación”. “Buscaron forzar los resultados. Y lo vamos a demostrar de una manera objetiva y científica”, prometió.
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