Cavallo explicó el uso de los fondos reservados

Política

Domingo Cavallo hizo un aporte efectivo al politizado debate de los pagos a funcionarios con cargo a partidas de fondos reservados o fuera de planilla al calificarlos -al menos en cuanto a los que se hicieron cuando él era ministro de Economía- de «reintegro de gastos protocolares». En la nota que publicó ayer en su página personal en Internet, el ex ministro recordó cómo se había decidido bajo la presidencia de Carlos Menem pagar esa compensación a determinados funcionarios. También que él abogó porque esos pagos se publicitasen, algo que no fue compartido por el ex presidente, que ordenó que fueran secretos entre 1991 y 1994. Para dar transparencia a esas compensaciones, Cavallo recuerda que propuso con éxito que los funcionarios pagasen los impuestos a los ingresos personales que les correspondían por esos reintegros. El y otros funcionarios lo hicieron y él mismo, cuando le fueron objetados en un juicio, fue sobreseído por la Justicia. El aporte del escrito de Cavallo, además de ser el testimonio de un protagonista central de ese debate, es que señala la manipulación que se hace de la cuestión desde dos ángulos: primero el de quienes se enriquecieron de forma ilícita y echan mano de esos pagos para justificar dineros de los que no pueden dar razón; segundo, del gobierno que busca señalar en el debate a sus adversarios. Por el interés que tiene ese escrito del ex ministro, hoy profesor en la Universidad de Harvard, damos sus párrafos principales.

• La discusión mediática sobre los denominados « sobresueldos» es fruto de una operación destinada a que quede sin castigo el enriquecimiento ilícito de quienes habiendo pasado por la función pública no puedan justificar su patrimonio. Pretenden beneficiarse de esta confusión tanto funcionarios de los gobiernos del pasado como del presente.

• El argumento defensivo que se pretende validar es simple: cuando ante una denuncia de enriquecimiento ilícito, el acusado no pueda explicar un aumento sustancial de su patrimonio, argumentará que por la ley secreta 18.302 recibió « sobresueldos» de la magnitud suficiente como para justificar aquel aumento.

• Los funcionarios interesados en enriquecerse a través de la función pública tienen gran interés en que la Justicia acepte este argumento. Quedaría impune para siempre cualquier delito de enriquecimiento ilícito.

• La confusión se siembra argumentando que yo, como ministro de Economía, informé al gabinete nacional en 1992 que los funcionarios debían declarar los «sobresueldos» a la Dirección General Impositiva. De esta forma se pretende legalizar los «sobresueldos
de hasta 100 mil pesos mensuales» (sic) de cuya existencia generalizada ya se ha convencido a la opinión pública.

• Para comenzar a despejar la confusión y para que los delincuentes no se salgan con la suya, debo aclarar desde el vamos que
los «reintegros de gastos protocolares» se limitaron a cifras de hasta 6.500 pesos mensuales para los ministros, 5.700 para los secretarios y 4.900 para los subsecretarios.

• Propuesta

Todos los funcionarios que concurrían a las reuniones de gabinete nacional saben que al poco tiempo de asumir como ministro de Economía propuse instituir el régimen transparente que finalmente fue plasmado en el Decreto 838 de 1994.

Sin embargo, predominó el criterio de evitar que ese reintegro de gastos tuviera difusión y el presidente decidió que se pagaran en forma secreta.

• Recuerdo que tanto los asesores legales de los órganos responsables de administrar los fondos de la ley secreta 18.302 como la secretaria legal y técnica de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro opinaron que ese encuadre legal era posible. Yo sostuve que el mínimo ingrediente de transparencia aceptable era
la obligación de incorporar el reintegro de gastos protocolares en la declaración de impuestos de cada funcionario.

• Este sistema funcionó desde 1991 hasta la sanción en 1994 del Decreto 838, que
cambió el origen presupuestario de los reintegros por gastos protocolares y les quitó el carácter secreto, aunque mantuvo los montos que se habían abonado mensualmente en el período anterior.

• Es claro que los funcionarios que recibieron dinero por fuera del sistema legal vigente cometieron delitos y deben ser juzgados, pero
no aquellos funcionarios que recibieron una retribución por su trabajo, y un reintegro de gastos vinculado con su función, dentro del marco legal y lo incluyeron correctamente en sus declaraciones juradas de impuestos.

• En materia de legalidad, así lo entendió la Justicia que me sobreseyó en forma definitiva en una acusación de enriquecimiento ilícito que me hicieron en 1995. Esta acusación fue promovida por quienes se sentían molestos con mi lucha contra las mafias. La jueza
María Servini de Cubría me sobreseyó en el año 2004. Es decir que la declaración de los reintegros de gastos protocolares que yo incluí en mis declaraciones juradas anuales, en conjunto con todos mis otros ingresos, fue tomada como justificación legítima de mis variaciones patrimoniales entre 1988 y el año 2003.

• La discusión pública de esta cuestión de los reintegros de gastos protocolares, que por entonces los medios también denominaban «
sobresueldos», fue muy intensa en 1993 y 1994, pero quedó totalmente saldada con la publicación del Decreto 838 de 1994, que introdujo total transparencia en el mecanismo de contabilización y pago de los mal llamados «sobresueldos». Para entender por qué se ha reabierto luego de más de una década, resultan muy útiles las declaraciones de Aníbal Fernández.

• El ministro del Interior acaba de afirmar que seguramente no habrá sanción legal para los que pagaron «sobresueldos», porque la ley secreta permitía el uso discrecional de los recursos por parte de quienes debían administrarlos.

Pero prenuncia que habrá una
«enorme sanción moral» para los que los cobraron. Y tal como se ha montado la discusión mediática, se pretende que los destinatarios de esa «enorme sanción moral» seamos los que cobramos reintegros de gastos no mayores a 6.500 pesos mensuales, mientras se nos mezcla con los que ahora dicen haber cobrado 50 mil pesos mensuales para aumentar significativamente su patrimonio no declarado ante la DGI.

• Todos los funcionarios tienen que estar dispuestos a admitir que se los investigue, aunque deseo que no hagan con los demás lo que hicieron conmigo en términos de uso injusto de la mentira y la difamación pública. La Justicia también debe investigar la malversación de gastos reservados. Pero si quieren hacerlo seriamente, en lugar de tratar de «redescubrir» con 10 años de atraso el mecanismo de reintegros de gastos protocolares que rigió entre 1991 y 1994 y que fue discutido, criticado y cambiado para dotarlo de total transparencia, se debería analizar el financiamiento de las campañas electorales, no sólo durante la gestión del Dr. Menem, sino también durante la del Dr. Alfonsín y la del Dr. Duhalde, ninguna de las cuales está libre de sospechas.

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