El Gobierno nacional dio curso a la impugnación de los gremios antimoyanistas contra la convocatoria a elecciones de la CGT del 12 de julio en Ferro y solicitó a las autoridades de la central obrera a que se reúna para que vuelva a realizar otro llamado a las urnas para renovar mandatos, que vence el 14 de julio.
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Según informó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el llamado a elecciones que encabezó Hugo Moyano del 24 de abril pasado "no se cumplieron los requisitos" porque "seis miembros del Consejo Directivo fueron reemplazados irregularmente".
"No estuvieron los secretarios necesarios presentes y los que estuvieron fueron reemplazados por otros. Los cargos en el Consejo Directivo son personales y no se transfieren", explicó Tomada en conferencia de prensa.
El ministro remarcó que la decisión de la Dirección de Asuntos Sindicales dictaminó que "sea la propia la CGT la convoque a una (nueva) reunión de Consejo Directivo para que se pronuncie subsanando sus efectos y sea en tal caso, la que implemente una solución".
Tomada aclaró sin embargo que mientras dure el conflicto "se mantendrán vigentes las autoridades actuales" de la CGT.
"No hubo quórum, no se cumplieron los requisitos, queda en manos de las propias organizaciones sindicales el proceso electoral. Tiene que quedar claro: la solución de este conflicto es de la CGT", dijo al desligar una posible intervención del Gobierno en favor de los gremios antimoyanistas.
"Actuamos como en cualquier proceso electoral donde una parte impugna el procedimiento. Analizamos los planteos y concluimos si corresponde o no la impugnación. Así lo hicimos y así lo seguimos haciendo. Nuestra competencia surge de la ley, de la competencia y del convenio 87 que nos adjudica responsabilidad para actuar ante los conflictos", completó.
El Convenio 87 es la "carta magna" del sindicalismo dictada por la Organización Internacional del Trabajo en 1948 y puesta en vigencia en 1950. Esa normativa, adoptada por la Constitución nacional, garantiza la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Tomada había prometido para esta semana una respuesta a la impugnación presentada por los antimoyanistas. Los sectores opositores a Moyano exigieron la suspensión del Congreso convocado para el 12 de julio en Ferro porque ese evento se convocó sin quórum. Ante este planteo, Trabajo citó a los dos grupos a una audiencia de mediación antes de tomar una decisión sobre la validez de la convocatoria del camionero. El encuentro, que se extendió por espacio de dos horas, estuvo encabezado por la directora nacional de Asociaciones Sindicales, Elena Otaola, pero no llegó a ningún acuerdo.
Al término del cónclave, encuentro el antimoyanista Carlos West Ocampo se refirió a la posibilidad de que el Ministerio resuelva impugnar el congreso y sostuvo "suponemos que sí".
Por su parte el moyanista Julio Piumato indicó que "nosotros desconocemos cualquier decisión que surja de la autoridad de aplicación".
Horas después de la fallida mediación, Tomada responsabilizó al moyanismo por el fracaso de las negociaciones y ratificó que a partir de ahora la decisión sobre la impugnación de las elecciones está en manos de su cartera.
Al respecto, Tomada aclaró que ante la negativa del moyanismo a suspender el congreso del 12 de julio para iniciar una instancia de diálogo "se dio por cumplido el acto" dejando constancia de la falta de acuerdo, por lo que quedó en manos de su cartera el análisis y la resolución del diferendo, "sin plazos" previstos.
"Los impugnantes propusieron avanzar en un camino de diálogo e hicieron la oferta de desistir en ese mismo acto de las impugnaciones para abrir una mesa de diálogo y que en ese caso se dejara sin efecto el congreso del 12 de julio. Pero la respuesta fue que el congreso no se levantaba", relató Tomada.
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