Bonadio se desprende de último tramo de "cuadernos", que se desmorona en otro expediente

Política

Servini, con dictamen fulminante sobre la causa, dispuso archivo del tramo electoral por no tener impulso fiscal. Es porque no se grabó a los arrepentidos y las indagatorias fueron nulas. "Escándalo judicial" en ciernes.

Claudio Bonadio decidió, horas antes de que comience la feria judicial de verano, desprenderse del tramo más numeroso (por cantidad de imputados) de la denominada causa “cuadernos”. Elevó a juicio oral el combo por el que analizó la supuesta “cartelización” de la obra pública durante el kirchnerismo, en un capítulo que impacta mayormente en el empresariado dedicado a la construcción. Sin embargo, fue en paralelo a la decisión de la jueza María Servini de archivar un desprendimiento original del caso ligado a los supuestos aportes de dinero ilegal a la campaña electoral K. Esa decisión tuvo como antecedente un duro dictamen que fue revelado en su momento por Ámbito Financiero, donde el fiscal Jorge Di Lello apuntó a todas las irregularidades que la causa arrastra desde un comienzo, como arrepentimientos sin registro, ausencia de peritaje sobre prueba documental e indagatorias sin precisión del objeto de la acusación. Servini jugó al medio: sobreseyó a todos los implicados -muchos de ellos dirigentes de La Cámpora encabezados por Máximo Kirchner- sólo por ausencia de impulso fiscal, pero no contradijo una línea respecto a los motivos por los cuales la fiscalía proponía declarar todo nulo y sobreseer, sino que las recordó para explicar por qué debía archivar el caso.

En los hechos podría estar desarrollándose lo que en la jerga se denomina “escándalo judicial”, es decir, dos fallos contradictorios basados en elementos similares (cuando no idénticos) que dan lugar a decisiones diametralmente opuestas. Mientas que en el capítulo “cartelización” el testimonio como arrepentido de José López apuntaló la acusación contra los empresarios y otros exfuncionarios, para la faceta electoral -y según el dictamen de Di Lello que no fue objetado sino repasado por Servini- es totalmente nulo porque jamás se grabó su declaración y se incumplió la Ley del Arrepentido. Mientras que las indagatorias que tomó Bonadio se apoyaron en los escritos del exchofer Oscar Centeno sirvieron para procesar y elevar a juicio la causa, esas mismas indagatorias fueron consideradas inválidas para los acusados por delitos electorales. Lo mismo para el inicio de la causa y la hipótesis de “forum shopping” que Di Lello destacó y que, pese a las objeciones de las defensas, en el expediente principal, siguieron adelante. Sobre la indefinición del objeto procesal que es el defecto de las indagatorias, Servini puso una pincelada: “El vicio aquí aludido tiene carácter trascendental y sustancial ya que ha privado a los imputados del ejercicio de la defensa y del debido proceso penal”. Pareció recoger el mensaje que la Corte Suprema dio en el último fallo que absolvió a dos personas injustamente detenidas durante más de una década.

Bonadio dispuso así que vayan a juicio oral 52 personas -del centenar que había indagado en un primer momento- entre las que se encuentra la vicepresidenta Cristina de Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido, José López y el financista Ernesto Clarens, cuyo arrepentimiento develó este supuesto segundo circuito de recaudación con representantes de las firmas que tras un acuerdo para repartirse las obras iban a pagar un porcentaje a sus oficinas. Cohecho pasivo es el delito por el que irán a juicio en 174 hechos, pero lo novedoso es que de todo el universo de implicados, algunos ya habían sido seleccionados por el fiscal Carlos Stornelli y Bonadio realizó su propio “recorte”. En esa lista ingresaron el primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y los extitulares de la Cámara Argentina de la Construcción como Carlos Wagner o Juan Chediak, pero también Aldo Roggio, José Cartellone, José Sánchez Caballero, Mario Rovella, Hugo Dragonetti, Cristóbal López, Osvaldo Acosta, Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra. No quedó definido un criterio para la selección de los empresarios que irán a juicio por este tramo (una constante de toda la instrucción) dado que por los mismos hechos, sobre la base de los mismos elementos de prueba se había citado a indagatoria a un centenar de directivos o dueños de empresas, varios de los cuales quedaron por el camino pese al listado que había presentado Clarens para terminar de ser aceptado como arrepentido y luego de ser “amenazado” con un pedido de detención que finalmente nunca se concretó.

“Como se dijera, no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial”, se defendió el juez de la acusación con la que el kirchnerismo señala sus principales objeciones. Para el juez, los cruces telefónicos son clave para determinar que las reuniones aludidas en los escritos o referidas por los arrepentidos existieron. Todo el paquete lo recibirá el Tribunal Oral Federal N° 7 en un juicio que, como dijo este diario, es inviable no sólo por su magnitud, sino por su desorden y los vicios que arrastra desde su origen. Además, hay un tironeo entre salas de Casación que ahora quieren intervenir para atajar los planteos de excarcelación que todavía siguen pendientes. La causa “cuadernos” es un gigante con pies de barro. Como en el relato bíblico, resta saber desde dónde va a llegar la piedrita que haga colapsar al coloso.

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