Como Menem, Ibarra quiere modificar la Constitución

Ahora la UCR y el Frepaso quieren reformar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que aún no terminó de aplicarse desde su sanción, en 1996, que dio paso a la autonomía de la Capital Federal y a la elección del primer jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa. Fue consecuencia del Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución Nacional. Una de las razones para impulsar semejante cambio en tiempos de austeridad es adaptar la norma a la reforma política que acordó Eduardo Duhalde con los gobernadores y con Aníbal Ibarra. Otra es modificar un tema que los legisladores porteños no logran resolver: la división del distrito en comunas.

Ibarra impulsa una ley que modifique el actual sistema electoral para reemplazar las listas sábana por tiras de candidatos en representación de «zonas» dentro de la Capital, pero acompañaría el proyecto de reforma constitucional que presentará el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Caram. El radical prevé una modificación en lo que se refiere a la división en comunas que, de acuerdo con la Constitución porteña, debía haberse realizado el año pasado para que la Capital descentralizara su gestión a través de esos minidistritos con 7 autoridades electas cada uno.

•Idea

«Creo que nos equivocamos en ese punto cuando redactamos la Constitución; hoy la sociedad no toleraría más puestos políticos, siete cargos por comuna», confió Ibarra a este diario, recordando la sesión estatuyente que se celebró en Santa Fe con Graciela Fernández Meijide como presidenta y el actual jefe de Gobierno como vocal.

En el mismo sentido, Caram está dispuesto a presentar en la Legislatura el pedido de reforma, para que en las elecciones de 2003, cuando tenga que renovarse por completo la cámara de la Ciudad y las autoridades locales, los vecinos elijan a los constituyentes que modifiquen la ley principal.

La idea será que esos representantes, de sancionarse el proyecto, trabajen ad honoren.

Parece contradictoria la visión de Ibarra, quien acaba de nombrar a su principal puntero, Ariel Schifrin, como «responsable» de la Oficina de Descentralización, precisamente la que atiende a los centros de gestión que sembraron De la Rúa y Enrique Olivera en la Ciudad, cuando fueron jefe y vice de Gobierno, para atender trámites barriales. En realidad, esas oficinas se abrieron estratégicamente en función del proyecto de ley de comunas de Olivera para dividir en 16 porciones la Capital. Agrupaba, cada una de esas partes, a dos parroquias electorales, pero no hubo acuerdo entre los bloques para unificar los límites geográficos como tampoco las partidas presupuestarias que tendría cada comuna, además de la decisión política de Ibarra de no someter su gestión a un monitoreo mediante elecciones barriales. Más interesados estaban, en cambio, los radicales y los peronistas. Inclusive el PJ porteño, en una reforma de su carta orgánica, impuso la elección de delegados por cada una de esas supuestas 16 comunas, convencido de que se cumpliría la Constitución. Llegaron, además, reclamos judiciales por la demora en sancionar la norma, pero nada prosperó.

También un sector del ibarrismo llegó a proponer que los cargos de la junta comunal, los 7 miembros, fueran ad honoren, en un giro filantrópico que tampoco tuvo adherentes.

Otro de los temas que aún nadie se atreve a plantear en la Ciudad, y que medita Ibarra es, dentro de una reforma electoral, la imposición de un piso mínimo de 3 por ciento de los votos para acceder a una banca. En la Capital no rige ese piso, lo que posibilitó que más de 10 por ciento de los diputados porteños ingresara al cargo con porcentajes menores que los que se exige a un diputado nacional.

En sintonía con la propuesta del gobierno nacional, en cambio, Caram se animará a reducir el número de representantes de los vecinos, un guarismo que será así inferior a 60 diputados porteños para los 3 millones de habitantes de la autónoma Ciudad.