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"Acá se cita, como una suerte de salvaguarda, la existencia de una disposición vigente de la Ley Sáenz Peña, que es precisamente el carácter facultativo para los mayores de 70 años, pero esa disposición fue, en realidad, producto de una gran desprolijidad", agregó el letrado.
En este sentido, afirmó que "hay motivos razonables para que personas mayores de 70 puedan decidir no cumplir con el voto, pero de todos modos, de manera objetiva, eso es inconstitucional, y dar como argumento una inconstitucionalidad para implantar una nueva parece muy pobre".
Además, Sabsay indicó que "la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño determina que es niño todo ser humano que no hubiere llegado a la edad de 18 años, salvo cuando la legislación de cada país determine que a la mayoría se llega a una edad más temprana, en ese caso, para ese país se cumple con la Convención con una edad más temprana".
"Esto significa que la jerarquía constitucional quedaría tambaleando, porque estamos dando el derecho a niños, hasta tanto no cambiemos la edad de mayoría y se modifique, precisamente, cuándo comienza la plena capacidad para realizar los actos", agregó Sabsay.
Por su parte, la directora de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, Mabel Bianco, apoyó la iniciativa pero coincidió en que el voto "no puede ser voluntario sino obligatorio".
Gustavo Iaes, director de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, evaluó que "está muy bien el derecho a votar, pero también hay que mirar el derecho a la educación", pidió "no meter una campaña electoral adentro de esta escuela" y sostuvo que "la llave de la ciudadanía es que los pibes tengan la secundaria terminada".
A su turno, Gabriel Solano, representante del Partido Obrero, advirtió que el Gobierno intenta "estatizar las organizaciones juveniles" y coincidió en que el voto debe ser "obligatorio, para una verdadera participación".
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