El exintegrante del grupo de tareas 3.3.2 fue condenado por 178 privaciones ilegítimas de la libertad cometidas durante la última dictadura.
El Tribunal Oral Federal 5 sentenció a Gonzalo Sánchez por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
El Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a Gonzalo "Chispa" Sánchez, exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada, por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA entre 1976 y 1978. El represor, de 74 años, había permanecido prófugo durante años.
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Sánchez fue hallado culpable por 178 privaciones ilegítimas de la libertad, aunque resultó absuelto en alrededor de una decena de los casos por los que había llegado a juicio. De esta manera, se cerró el noveno tramo de la megacausa ESMA. La pena impuesta fue inferior a los 25 años solicitados por la fiscalía y las querellas, mientras que los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de octubre.
El exintegrante del aparato represivo había sido acusado inicialmente por 193 crímenes de lesa humanidad. Durante los alegatos, el fiscal Félix Crous y la auxiliar Marcela Obetko consideraron acreditada su responsabilidad en 179 secuestros, pero el tribunal finalmente estableció su culpabilidad en 178 casos.
La condena estuvo condicionada por las restricciones establecidas en la extradición desde Brasil, que habilitó únicamente el juzgamiento por privaciones ilegítimas de la libertad y fijó un máximo de 30 años de prisión. Sánchez había sido detenido en mayo de 2020 en las playas de Paraty, después de permanecer prófugo durante varios años, y posteriormente fue extraditado a la Argentina.
Los testimonios de sobrevivientes y víctimas lo ubicaron en operativos de secuestro, interrogatorios bajo tormentos, traslados y tareas de vigilancia dentro de la ESMA. Sánchez integró el Grupo de Tareas 3.3.2 entre 1976 y 1978 y cumplió funciones como enlace entre la Prefectura y la Marina.
Más de 30 sobrevivientes lo identificaron como "Chispa" u "Omar" y describieron su participación en interrogatorios y operativos. A su vez, documentación oficial acreditó su paso por el área de inteligencia y la condecoración que recibió de Emilio Massera en 1978.
Entre los hechos analizados durante el debate estuvo el secuestro del periodista y escritor Rodolfo Walsh, quien fue emboscado el 25 de marzo de 1977, después de difundir su "Carta abierta a la Junta Militar". Walsh fue herido y trasladado a la ESMA, y su cuerpo continúa desaparecido.
El juicio también incluyó los secuestros de militantes como Norma Arrostito y Alicia Eguren, además de 19 casos relacionados con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, que involucraron a mujeres embarazadas, sus parejas y niños nacidos durante el cautiverio.
Durante la década de 1980, la Ley de Obediencia Debida y su posterior permanencia como prófugo en Brasil contribuyeron a que Sánchez permaneciera durante décadas fuera del alcance de la Justicia. El proceso comenzó en octubre de 2025, más de veinte años después de que fuera declarado rebelde.
Tras su detención en Brasil en 2020, fue extraditado a la Argentina y quedó alojado en Campo de Mayo hasta el inicio del debate. Durante el juicio se presentó como pastor evangélico y pidió su absolución, mientras que la fiscalía sostuvo que había tenido un papel relevante dentro del grupo operativo de la ESMA.
Las querellas del CELS y de familiares de víctimas, representadas por Sol Hourcade, Pablo Llonto y Ariel Noli, sostuvieron que Sánchez tuvo una participación activa en el aparato represivo y no fue un actor secundario. Por ese motivo, reclamaron una pena de 25 años de prisión, en línea con el pedido de la fiscalía por su intervención en secuestros, interrogatorios y traslados.