El jefe de Gabinete y el canciller Rafael Bielsa fueron los expositores finales del seminario, y sus discursos apuntaron a alentar la existencia de un tribunal internacional que juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad o de genocidio que, por diferentes motivos, no pueden ser juzgados en sus países de origen. El jefe de Gabinete desacreditó los supuestos de que la intervención de una Corte internacional sea una invasión a la soberanía jurídica o un debilitamiento a los estados nacionales.
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