Confusa situación entre el fiscal Marijuan y el piquetero Castells

Tiene el carácter de muy grave la actual violencia entre piqueteros, milicias ultraizquierdistas, gobierno, empresas privadas, sedes públicas y una sociedad hastiada por lo que observa día a día en las calles como para que sea resuelto a nivel de una fiscalía. No es creíble que de allí salga una solución y existe el riesgo de agravar las cosas por alguna decisión no bien meditada o, si lo fuera, desconocida ilegalmente por el Poder Ejecutivo. Pensemos que en el ataque a la Legislatura, el viernes anterior, no se reaccionó aun ofreciendo el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y segundo distrito por habitantes del país, Aníbal Ibarra, pedir por escrito la defensa policial. Debería haber aceptado el gobierno que alguien arriesgue una solución que no lo exponga políticamente a disponer la propia, si tanto se cuida.

Hay dudas, entonces, sobre si aisladamente, como está, el fiscal Guillermo Marijuan puede hacer algo serio en el candente tema de investigar al líder piquetero duro Raúl Castells por presuntas presiones a propios compañeros. Sobre todo, si quiere ampliar y pronunciarse -como insinúa en sus declaraciones- acerca de temas más graves como son las «ocupaciones» de edificios. Entendamos algo: un Castells que anuncia que para muchos «no habrá muertes naturales»; que «al gobierno hay que echarlo», obviamente sin votos se deduce; «copiamos lo de Hamas en Palestina» es otra barbaridad que no condice con sus otras actividades no agresivas. Ese Castells es inexplicable e indefendible, desde ya. Pero por caso nadie le adjudicaría los «encapuchados» del ataque a la Legislatura porteña. En medio de la incoherencia entre palabras y acción hay diferencia. No es defendible desde ninguna moderación pero bien dice «Gente» con Castells se llega «a un punto peligroso de inflexión en el movimiento piquetero». Hay que analizarlo porque sobre él parece que se definirá este drama moderno del país. Toda la restante violencia es más conocida, más encuadrable en el pasado argentino.

Hay triste memoria de algunas actuaciones de fiscales, sobre todo cuando son locuaces, se imaginan «cruzados» y se sienten capaces de jugar en todos los puestos del equipo. Nadie, es cierto, puede asegurar en el caso del Dr. Marijuan que quiera repetir la experiencia de aquel fiscal Carlos Stornelli que lo convenció al juez Jorge Urso de detener a Carlos Menem en su domicilio para que luego la Corte Suprema los amonestara severamente a ambos acusándolos de primero detener a alguien y luego tratar de ubicarle el delito. Recuérdese que en aquella oportunidad esa pareja judicial llegó hasta el dislate de sostener que un presidente de la Nación, reuniéndose con sus ministros, podría constituir el accionar de una «asociación ilícita». Así se llevó al escalón álgido a esta figura jurídica que ya había comenzado a desdibujarse cuando el juez en lo penal económico Julio Cruciani se la aplicó a un matrimonio (los Fassi Lavalle) y luego otro juez Adolfo Bagnasco la desvirtuó más al imputársela al ex titular de PAMI Carlos Alderete por las reuniones con sus gerentes en el organismo.

Todo aquello demostró cuánto de endeble y falta de racionalidad puede llegar a tener nuestra Justicia en sus grados iniciales, afectando al ciudadano hasta que llega su causa a niveles superiores y pueda ser redimido aunque tras dejar días de libertad en el camino. O se da ese caso de la frialdad jurídica que sostuvo el juez Eugenio Zaffaroni cuando expresó que el progreso del Derecho, en definitiva su perfeccionamiento, se da cuando las injusticias tocan a una persona destacada, como en aquel caso Carlos Menem, para volver a su normalidad la «asociación ilícita» en esa oportunidad. Con ese concepto de Zaffaroni cualquiera puede calcular las injusticias que se pueden cometer con ciudadanos comunes, sin renombre, condenándolos hasta que se «perfeccione el Derecho» si se da el mismo hecho en una figura renombrada.

• Promoción legítima

Ejercer una fiscalía es forma legítima, como desde los centros universitarios, el periodismo, presidir el principal club de la provincia, el deporte y otras actividades de promover figuras hacia la política. Por caso el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, comenzó como fiscal de Estado. También el interventor del gobierno en Santiago del Estero, Pablo Lanusse, aunque no sea éste un ejemplo de los más felices. La diferencia del estrado judicial con relación a otros trampolines hacia la política es que puede exagerarse el Derecho por promoción personal y eso afectar a algo tan sagrado del hombre como es su libertad.

En dos reportajes que hizo la revista «Gente» queda la sospecha, aunque nada aún pueda asegurarlo, de que podría estar sucediendo eso entre el fiscal Marijuan y el jefe piquetero duro Castells. El primero tiene acumuladas 40 denuncias en esa fiscalía contra el segundo y por todos los medios disponibles pide que le acerquen más. Obsérvese que en la revista «Gente» Marijuan expresa que si a Castells o su movimiento (el MIJD) las empresas privadas le obsequian alimentos «es delito» que parte de ellos sean vendidos. Es ya algo ajeno a las denuncias originales por extorsión a desocupados. O quizá tenga alguna distinta pero no es un tema para creer que puede ser bien planteado por un fiscal aislado, para ser analizado luego por un juez y que quizá llegue a determinarse bien recién en una cámara, en el Tribunal Superior de Casación y eventualmente en la Corte Suprema.

Puede pensarse que si donaciones de productos fueran vendidas para llenar los bolsillos de Castells u otros jefes piqueteros sería posible que fuera delito. Pero no está claro porque no son funcionarios públicos los que los venden sino activistas particulares. ¿Qué persona a la que le regalan algo -dejemos de lado por ahora si fue por apriete, extorsión o lo que sea- tiene obligación de tenerlo o consumirlo cuando si quiere es su derecho venderlo? Pero hay otro argumento más fuerte que pone en duda calificar. Las empresas donan harinas, arroz, leche en polvo, mermeladas, paquetes de fideos, colchones (los usados como hace el «Sheraton») y, en general, elementos de no vencimiento inmediato. Pero no sólo los comedores barriales para pobres (Castells dice que son 100 los que mantiene) constituyen toda la obra social de estos piqueteros, distintos de los que sólo practican violencia en las calles. También brindan velatorios, servicio de ambulancias, médicos, traslados, dentistas. Eso no se puede pagar con paquetes de fideos. Ni con la cuota de $ 2 por mes que abonan algunos usuarios como una especie de mutual. No es menos complejo de ubicar jurídicamente el hecho de que Castells se desplace por el país invadiendo empresas para pedir contribuciones sin otra fuerza que el conjunto de sus adictos, sin capuchas ni palos y cuidándose de no provocar daños materiales (sólo ocurrieron la primera vez en el edificio de Repsol YPF, en cambio McDonald's mintió, porque su único daño -real, desde ya- fue no vender durante varias horas en 10 locales). Desde ya es injusto que sólo determinadas empresas tengan este recargo, como un «impuesto diferenciado» cuya aplicación depende -y aun así podría ser injusto- no de autoridad competente sino de lo que designen Castells y sus adláteres. Pero tampoco se trata de un «impuesto revolucionario» secreto como los que aplica el terrorismo de ETA en la región vasca de España a industriales. Aunque en ambos casos -con muy diferenciada graduación- se base el otorgar en la intimidación. Más complejo es que en el Chaco Castells toma un casino y lo desaloja a cambio de $ 11.000 más $ 3.000 por mes para comprar alimentos para sus comedores. No nos engañemos en esto, a muchas empresas privadas no les desagradaría «donar para alimentos», pero exigen recibo de ley -así condicionó el casino del Chaco el aporte posterior mensual- para contabilizarlo como «gasto». No desagrada a muchas empresas porque si tienen recibo de ley este gasto lo descuentan de impuestos que pagan a gobiernos que en buena parte los destinan a burocracias estatales, «ñoquis», subsidios exagerados.

• Medición de costos

Las empresas, por ahora, miden el costo de colaborar contra el del daño que podría derivar de la presencia hostil del grupo no invitado, dentro del local de la firma temporariamente tomada (pero en el casino del Chaco la gente siguió jugando en las máquinas tragamonedas). En ETA, en cambio, se mide el no colaborar contra la vida de los directivos que se niegan al aporte.

Además, dadas las últimas experiencias con otros piqueteros duros, las empresas saben que están desguarnecidas, que no las defenderá la Policía, al menos en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Al gobierno -siempre reconociendo que es un problema muy difícil de solucionar- le gusta decir que la Justicia debe intervenir contra la acciones piqueteras. Pero cuando la jueza Angélica Crotto lo hizo al tomar las huestes del piquetero («blando») Luis D'Elía la Comisaría 24ª en La Boca fue desconocida su orden de desalojar por un funcionario, Juan José Campagnoli, del Ministerio de Gustavo Béliz. La jueza Crotto no es muy redimible porque dio telefónicamente una orden que pudo costar sangre y ni siquiera se constituyó luego en el lugar del hecho. Además habló de la orden impartida una semana después. Pero el Ejecutivo violó la ley, obligando a la Policía a desconocer una orden judicial. Ya no es que no haya una política clara del Poder Ejecutivo en cuanto a cómo enfrentar la violencia en las calles. Ahora no se ignora que el gobierno directamente no tiene política alguna para resguardar los derechos. Siendo el gobierno de Néstor Kirchner el segundo de centroizquierda que asume en la Argentina -el primero fue el breve de Héctor J. Cámpora en 1973-, parece ineluctable que siempre va a considerar que no tiene futuro si reprime la violencia -nadie pensaría que no fuera dentro de la ley, desde ya- de quienes observa que sólo estarían excedidos dentro de su mismo lado político. Pero el efecto es peor. Es sorprendente la caída de imagen del gobierno Kirchner frente a los desbordes imperantes en las calles, extendiéndose al interior del país, y la impunidad de que gozan hoy los violentos. El planteo de Kirchner era reservar la intemperancia política a lo vocal y sólo desde la Casa Rosada. Que no sea así ha descolocado al Poder Ejecutivo.

Con este panorama la Justicia también queda descolocada. No es su función -lo ha dicho-, como lo es del Ejecutivo, la prevención sino actuar sobre los hechos que sean delito. Pero ¿qué artículo del Código Penal se aplica si este Ejecutivo abandona y se retira de alguna prevención dispuesta, entrando en la complicidad oficial de facilitar la consumación para no arriesgar pagar un costo político? Tremenda disyuntiva -más política que jurídica- ¿puede individualmente quedar a cargo de un fiscal cuando el propio procurador general de la Nación, Esteban Righi, el jefe de todos los fiscales federales, les informó que no les iba a dar instrucciones pero que los respaldaría en lo que dispongan? ¿Qué acusación va a formular no sólo Marijuan sino el fiscal que intervenga por el asalto y toma de la Comisaría 24ª de La Boca cuando ya hay detenidos por coacción -no excarcelable- por atacar de afuera la Legislatura y en la Comisaría fue estar adentro durante horas? ¿Qué se hará con D'Elía que tras su ataque en La Boca fue citado dos veces y entró en la Casa de Gobierno? Muy ambiguo contexto para actuar y ninguna garantía, pese a lo dicho por Righi, porque un funcionario de otra jurisdicción, el comisario Greco de La Boca, actuó como pudo, no hizo derramar sangre inicial y pidió la intervención del juez de turno como correspondía e igual lo relevaron.

Aparte de la indefinición en asuntos graves del gobierno, el tema Castells sería complicado hoy para cualquiera, aun para quien estuviera dispuesto claramente a defender con las fuerzas de seguridad el derecho de todos, como corresponde. Este jefe piquetero ha dicho «la cárcel fortifica, no hay que temerle» y nadie sabe si no quiere provocar -salvando las distancias- una pueblada tipo 17 de octubre de 1945 con el general Juan Perón detenido en la isla Martín García por el gobierno militar de entonces. Su toma ayer del Hospital Posadas da idea de frenéticos copamientos diarios para incitar a su detención. Entre Chile, años atrás, y la Argentina purgó 4 años de cárcel y ha caído en un fundamentalismo sólo que no sangriento en los hechos -hasta ahora al menos- aunque sí más que ninguno en las palabras: ¿el que ladra no muerde? Puede ser que esté agobiado por el tipo de emprendimiento tipo asistencial social bastante gigantesco que ha creado, difícil de manejar y de sostener. Se le imponen las leyes que él dice despreciar. Inclusive una del mercado: quien decide ampliarse soporta demanda creciente de fondos y esto lo obliga a salir por todo el país a exigirlos con sus «ocupaciones» de empresas. Salvo los violentos por sí, la ultraizquierda marxista por caso que asusta inclusive a las clases bajas, los que aparecen ofreciéndose para reivindicaciones desde la realidad, no desde el mero discurso político, son siempre desbordados por los necesitados que hay y siempre habrá en cualquier país, aunque sea en distinto grado. El premio al líder es la jefatura acatada, a veces la sublimación hacia él, pero ya no puede parar, salvo que lo encarcelen. No hay que ignorar en el análisis que un Castells creciente en un país en crisis hoy es requerido y debe concurrir a intentar «salvar» gente a la que le quieren rematar una casa por hipoteca impaga. Cualquier posible problema social, desde enfermos sin los remedios del sida hasta desalojados pueden acosarlo con pedidos de interceder a este audaz barbado.

« Si no me meten preso tienen conmigo un problema y si me mandan a la cárcel también», ha desafiado, con visión pícara tras haberse dado cuenta de que casi dos años después de vigencia de la forma torpe en que el gobierno de Eduardo Duhalde resolvió el necesario tendido de una red social frente a la crisis, ésta llegará a algún tipo de estallido. « Si voy a la cárcel me presento para senador», dice sabiendo que tiene el proselitismo electoral asegurado con su solo encierro. Se ha dado cuenta de la debilidad espiritual del gobierno para enfrentar tan grave problema. En verdad, no parecen los hombres de Kirchner ser capaces de encontrar una solución al dilema. Menos parece que vaya a surgir de fiscales, aun cuando actúen de buena fe y su desempeño sea el inicial y correcto de la Justicia cuando rigen todas las garantías constitucionales. Un código en la mano no orienta como una buena brújula cuando la violencia política está en las calles.

Veamos de la revista «Gente» los párrafos más salientes de dos protagonistas, de este dilema actual argentino:

Periodista: Castells lo acusa de perseguirlo. ¿Qué le contesta?

Guillermo Marijuan: Castells me podrá decir fascista, infeliz..., lo que fuere, pero nunca me podrá decir que soy cagón.

P.: También dice que usted es puntero del gobierno...

G.M.: Le voy a dar un dato que nadie conoce. Castells dice que los piqueteros de Luis D'Elía están con el gobierno. Pero la única causa que tenía abierta el «Oso» Cisneros -el piquetero colaborador de D'Elía asesinado en la Boca- por una denuncia que lo acusaba de impedir entrar a una persona a un comedor social porque no iba a las marchas piqueteras ¡era mía!

P.: ¿De dónde provienen las acusaciones contra Raúl Castells?

G.M.: Vienen de gente de su propio movimiento. Tengo veintiséis denuncias, tomé cuarenta testimonios, y poseo mucha información sobre sus irregularidades.

P.: Empezó a defenderse...

G.M.: Sí. Siempre hace conferencias en el lugar donde guarda su mercadería, porque ya arregló todo lo que tenía que arreglar...

P.: No entiendo.

G.M.: Ya tuvo una condena por extorsión a un supermercado, y por eso ataca rabiosamente a la Justicia.Ahora dice que los alimentos los compró en el supermercado Diarco.

P.: ¿Por qué?

G.M.: Porque tomó conciencia de lo grave que es vender los alimentos que consiguió por donación. Pero sigue preocupado, porque sabe que hay gente que sigue llamando y denunciándolo por lo mismo; por vender alimentos que él consiguió gratis, donados para los pobres.

P.: Sin embargo, él insiste en que los compró, y los regala.

G.M.: ¿Se imagina lo que pasaría si Castells regalara semejante cantidad de mercadería? ¡La cola más chica tendría siete cuadras! Por eso, cuando advirtió lo peligroso de esa maniobra, cambió el discurso, dejó de hablar de «donación» y dijo «compro las cosas en el supermercado tal».

P.: ¿Qué otras denuncias contra Castells le llegaron?

G.M.: La gente llama y acusa a los líderes piqueteros de exigirles ir a las marchas de protesta como condición para que cobren los planes sociales. Eso es un delito.

No puede tolerar que todos los testimonios en su contra, los cuarenta, sean de su propia gente. ¿Usted sabe lo que pasó en Tucumán? Denuncié a una de sus punteras, y el juzgado federal de esa provincia la detuvo bajo la acusación de jefa de una asociación ilícita. ¿Sabe qué hizo Castells? Fue a Tucumán para hacerle al juzgado un piquete-apriete como el que me hizo a mí el jueves pasado. Pero no importa cuántos aprietes haga: tendrá que hacerse responsable ante la ley.

Estoy convencido de lo que hago. Así como nunca me llamaron del gobierno para presionarme, tampoco tengo (ni pido) el apoyo de nadie.

Periodista: ¿Usted quiere tomar el poder en la Argentina?

Raúl Castells: Sí, sin dudas. Nosotros luchamos por el poder para que en este país no manden las clases dominantes sino los trabajadores.

P.: Pero tomar el poder implica violencia, sangre, muerte. ¿Tiene clara conciencia de lo que propone?

R.C.: En 1810 rompimos con España por medio del levantamiento popular, el 17 de octubre del '45 el pueblo forzó una elección y Perón llegó al gobierno, y el 20 de diciembre de 2001 otro levantamiento terminó con De la Rúa.

P.: Pero los tiempos han cambiado, y usted sólo habla con el lenguaje de la violencia: un lenguaje que rechaza una enorme mayoría de argentinos.

R.C.: El '45 no fue violento: cien o ciento cincuenta mil personas salieron a la calle y obligaron a liberar a un dirigente político (Perón).

P.: No fue violento, pero sí compulsivo. Y no democrático.

R.C.: Durante el gobierno de Salvador Allende estuve preso en Chile y vi aquello de «la vía pacífica al socialismo». Eso no funciona. En ningún lugar del mundo cambió un sistema por otro a través de la vía evolutiva.

P.: Si cree en eso, ¿para qué quiere llegar a senador? Y si llega, ¿qué va a hacer con el movimiento piquetero?

R.C.: No nos interesan los cargos. No queremos presentarnos a nada. Pero si el gobierno nos mete presos, le vamos a dar batalla desde la celda postulándonos como candidatos.

P.: ¿Y si no los mete presos?

R.C.: Es difícil: quiere meternos presos. Pero si seguimos en libertad, no presentaremos candidaturas.

P.: Póngase de acuerdo, Castells: ¿le interesa o no le interesa ser senador?

R.C.: No, hombre, ¿para qué? Si le pregunto a cualquier argentino el nombre de los setenta y dos senadores, no lo sabe, y lo primero que dice es una mala palabra. Nosotros somos más que diputados o senadores. ¿Para qué vamos a mezclarnos con esa gente?

P.: Su posición suena contradictoria.

R.C.: Desde la cárcel no podemos marchar, nos vamos a presentar como senadores o diputados.

P.: ¿Qué haría?

R.C.: Suicidarme haciendo huelga de hambre como Boby Sands, el guerrillero del Ejército Republicano Irlandés, que también era diputado. Es otro aviso que le doy al gobierno. Marijuan, ese empleaducho... que se metan en el traste las causas judiciales. No vamos a ir a ningún juzgado, no vamos a responder a ninguna causa y no vamos a poner abogados. Mañana van a decir que vendemos drogas, estamos armados y violamos mujeres. Nos tiene sin cuidado.

P.: Su movimiento administra siete mil planes sociales. ¿Qué función tiene usted en esa administración?

R.C.: La administración está a cargo del Estado. Y de los sesenta mil compañeros, apenas uno de cada diez tiene un plan, porque lo único que hizo el Estado fue negarnos los planes. El gobierno está muy débil. Hay que echarlo, porque no sirve para nada. Para su primer aniversario tuvieron que contratar a dos cantantes cubanos y un payaso muy popular.

P.: Usted usa un lenguaje violento. ¿Llevaría esa violencia al poder, si lo tuviera?

R.C.: El día que nuestro pueblo tome el poder, algunos personajes de este país no morirán de muerte natural.

P.: Eso es prometer crímenes, Castells.

R.C.: No lo decidiremos nosotros; lo decidirá el pueblo. Tenemos muy pocos planes. Siete mil contra los setenta y cinco mil del oficialista D'Elía. Pero nos hicimos fuertes: copiamos lo de Hamas en Palestina. Ya somos sesenta mil. Ni yo pensé que llegaríamos a esa cifra. A mí, algunos chicos me gritan por la calle «¡Chau, Bin Laden!».