Que el Congreso quiera ahora modificar o derogar una ley que viola la privacidad como la que habilita al Estado a entrometerse en el correo electrónico o registrar datos privados puede parecer un aliciente frente al avasallamiento de derechos personales. Pero tan peligroso para la seguridad jurídica y las garantías personales es que el Congreso vote normas sin saber en realidad qué está sancionando y cambie luego las reglas. Y no es la primera vez que esto sucede. En esta ocasión, se alegó primero la necesidad de combatir delitos, pero otras razones hubo cuando se votó el impuesto docente y, después de un descalabro administrativo, se tuvo que derogar o, más grave aún, la Ley de Patentes de 1995 que fue corregida antes de entrar en vigencia plena. Tanto rechazo produce la ley de intromisión en Internet en la sociedad que ayer el gobierno tuvo que admitir errores, al punto de que Néstor Kirchner ordenó revisarla antes de emprender su viaje a Alemania.
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Opiniones hubo de todo tipo, sobre una norma que tiene más de un año de votada y que fue criticable por entrometerse en la intimidad desde el primer día de su redacción (modificada a gusto de Gustavo Béliz) a pesar que ahora se cargue sólo sobre el decreto reglamentario. Es decir, una norma que siempre fue mala y violatoria de derechos, y el gobierno empeoró en su reglamentación. «Es
De hecho este diario ya dio cuenta en el momento de su votación y luego de la firma del decreto reglamentario, el 11 de noviembre de 2004, del perjuicio que podría ocasionar, aun más que a las empresas, a los particulares al otorgar a la SIDE, organismo que regulará el espionaje por Internet, un poder amplísimo para proceder a escuchar telefónica y de celulares.
Ahora es que las empresas deberán hacer frentedesde el 31 de julio de la tecnología suficientepara almacenar los mails, páginas Web, comunicaciones telefónicas y todo dato cruzado por los medios que se rigen por la Ley de Telecomunicaciones, durante 10 años, algo imposible de hacer hoy. Se diferencia así el gobierno argentino de otros países como Gran Bretaña, donde, si bien existen registros de mails y comunicaciones, todo el proceso está financiado por el Estado que obliga esas grabaciones.
La ley fue sancionada el 17 de diciembre de 2003, promulgada en febrero de 2004 y reglamentada recién en noviembre del año pasado. Todo ese proceso sirvió también para justificar la lucha antidelictiva del gobierno cuando se sumaron las protestas por el caso Blumberg, un secuestro seguido de muerte que sucedió después de que el Congreso hubiera votado la norma.
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