21 de junio 2007 - 00:00

Congreso avanza en legitimar DNU sobre los superpoderes

Carlos Menem
Carlos Menem
El Congreso se apresta a ratificar un listado de decretos de necesidad y urgencia que cerrará algunos de los años más duros de la historia de los superpoderes en el país. Ayer, la Comisión de Trámite Legislativo -más conocida como la Bicameral de los decretos- debatió un largo listado de DNU que firmaron desde Carlos Menem hasta Eduardo Duhalde para modificar, incrementar o redistribuir cada uno de los presupuestos nacionales. Todos van desde 1998 hasta marzo de 2003, poco antes de la asunción de Néstor Kirchner, cuando los DNU, lejos de reducirse, se multiplicaron a cifras récord. Ayer, en el Congreso miraban casi con nostalgia toda esa etapa de la historia reciente que, al confirmarse, será definitivamente archivada. Muchos recordaban cómo causaba sorpresa la reasignación de fondos por decretos de Menem o Fernando de la Rúa, actos que hoy parecen casi ingenuos.

Con la ratificación, que deberán hacer los recintos de Diputados y el Senado, se termina cualquier cuestionamiento que podría hacerse sobre esas decisiones del Presidente. En general, corresponden a presupuestos cuyas cuentas de inversión tienen dictamen favorable ya en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, lo que adelantaría que no existe conflicto para ratificarlos.

Toda esa lista de decretos alimentó las críticas de la oposición y la prensa durante años, por la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos. Fueron emitidos como decretos de necesidad y urgencia cuando los poderes especiales del Presidente estaban más acotados que ahora. Por eso en la mayor parte de los casos se debió recurrir a un DNU y no simples resoluciones del jefe de Gabinete. Por eso no llaman ahora demasiado la atención cuando legislar por decreto o resolución se ha vuelto ya una norma para el gobierno de Néstor Kirchner. Desde que se modificó hace un año y medio la Ley de Administración Financiera del Estado, fijando en forma permanente superpoderes para que Alberto Fernández modifique los presupuestos por una simple decisión del jefe de Gabinete, las facultades especiales pasaron a ser cosa de todos los días.

De hecho, ayer, el gobierno publicó tres decisiones administrativas en el Boletín Oficial incrementando los fondos para subsidios al transporte terrestre y trenes -ya un clásico-, para otorgar más fondos a la estatal aérea LADE e incrementar el presupuesto de la Prefectura Naval. Se suman a la redistribución de recursos presupuestarios más grande del año que Fernández firmó también esta semana por la que se giraron al Ministerio de Planificación Federal más de $ 928 millones. En el lista de decretos a ratificar hay de todo y en muchos casos recordarlos resulta pedagógico. Por ejemplo, se incluye una autorización al Ministerio de Defensa en 2002 para la compra de un radar destinado al centro de control y aproximación del Aeropuerto de Mar del Plata. O una vuelta del pasado de la mano de un decreto de De la Rúa que actuó casi como una ley ómnibus modificando desde los subsidios y deuda con los concesionarios viales la recaudación del fondo eléctrico hasta una minirreforma laboral que redujo el plazo de duración de las pasantías.

La ratificación de los decretos de necesidad y urgencia comenzó cuando el Congreso votó el proyecto de Cristina Kirchner para reglamentar el uso de esos instrumentos, una materia que estaba pendiente de la reforma constitucional de 1994. Allí se estableció que los decretos de necesidad y urgencia no quedarían sancionados de facto por el silencio del Congreso, pero tampoco perderían su vigencia por falta de tratamiento.

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