Congreso se enreda en pelea entre consejeros y la Corte

Alberto Fernández

Como si la agitada interna no bastara para el dividido peronismo, los diputados de uno y otro bando (duhaldistas y kirchneristas, se entiende) tienen un nuevo motivo para enredarse en una confrontación que los mantendrá ocupados hasta que pasen las legislativas de octubre. Se trata de un conflicto que involucra a los tres poderes de Estado, es decir, gobierno, Corte Suprema y ahora el Congreso.

Sucede que el viernes pasado, la diputada María Lelia Chaya le pidió al Senado y a la Cámara de Diputados que declare violatorio de la Constitución un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo. En ese bendito DNU presidencial le atribuyó a la Corte Suprema la facultad de administrar el presupuesto de la Justicia, le transfirió los remanentes del Presupuesto 2004, que oscila en los 500 millones de pesos, y la autorizó a invertir ese dinero en títulos públicos nacionales.

La jugada de otorgarle la suma del poder a la Corte es toda una definición política: significa el raleo del Consejo de Jueces. La administración Kirchner siempre ha considerado a la Magistratura como una estructura burocrática, poco efectiva, de dispendio de los dineros públicos y apegada a las roscas políticas. Por eso, pretende restarle poder y marginarlas de las decisiones de Estado. Obviamente, el proyecto del gobierno no ha sido del agrado del Consejo, compuestos por jueces, abogados, diputados, senadores, y catedráticos. Saben que ese camino conduce a su desaparición.

Quien se calzó la coraza de guerrero (a) fue Chaya. La salteña se escudó en el artículo 114 de la Constitución para calificar la decisión presidencia(que fue firmada por Kirchner y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández) como una «cadena de violaciones» legales y constitucionales.

La legisladora sostiene que ese texto, por la reforma de 1994, establece que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la facultad de «administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de Justicia».

• Intromisión

Además de señalar la ilegalidad de ese DNU, califica la intromisión gubernamental de «inusitada gravedad», pues «el gobierno sabía» del conflicto existente entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema por el manejo de los recursos del Poder Judicial y, en particular, por el excedente de 500 millones de pesos.

«A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo ha resuelto intervenir en esta disputa violando la independencia del Poder Judicial, introduciendouna modificación en la Ley de Autarquía Judicial contraria a las normas constitucionales y legales sobre la materia», afirmó la salteña.

La legisladora sostuvo, además, que el controvertido decreto altera de manera « arbitraria e inconstitucional» la ecuación de financiamientodel presupuesto del Consejode la Magistratura, reduciéndose el porcentaje de participación de este órgano en los ingresos tributarios y no tributarios del Tesoro Nacional, de 3,5% a 2,93%, y establece que la diferencia, de 0,57%, pasa a financiar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.