Senado avala suba de impuestos y le da hoy a Alejo Ramos Padilla la competencia electoral bonaerense

Política

El cristinismo también aprovechará el convite en el recinto para juguetear la Autoridad Nacional de la Competencia y darle más poder al Ejecutivo en cuestiones sensibles de empresas.

La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó ayer con el dictamen del nuevo Consenso Fiscal, firmado en diciembre pasado por Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores -oficialistas y opositores-, que permite subir más los impuestos locales durante el año electoral y desvirtúa aún más la ley de 2017, que apostaba a bajar los tributos.

San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por el sablazo de fondos que aplicó sin dudar el kirchnerismo. También, debido a que el proyecto en prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta trifulca, al funcionario del PRO poco le importó utilizar esta situación como argumento para aumentar los impuestos en la Ciudad, una especie de derecho adquirido en la política argentina.

Durante la reunión de la comisión de Presupuesto de ayer, que comandó el oficialista cordobés Carlos Caserio, el radical Julio Martínez (UCR) pidió que los acuerdos con Nación se repliquen en las provincias versus municipios, y puso como ejemplo el látigo contra la capital de su distrito que ejercieron de manera férrea los exmandatarios K Luis Beder Herrera y Sergio Casas.

La Cámara alta, bajo las órdenes de Cristina de Kirchner, contará con este dictamen para aprobarlo la semana próxima. Sin embargo, en las próximas horas reactivará el recinto -tras un mes de sesiones extraordinarias sin movimiento, pese a la convocatoria de Alberto Fernández- para dar luz verde al pliego del actual juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para que se convierta en magistrado del estratégico Juzgado Federal 1 de La Plata, que tiene la competencia electoral bonaerense.

Desde la oposición macrista se desplegarán algunos cuestionamientos al juez, que gestionó causas de impacto político, como contra el fiscal federal Carlos Stornelli por supuesto espionaje. De allí las acusaciones de Juntos por el Cambio contra el postulante, al que tildan de “militante”.

Yapa

El cristinismo en la Cámara alta también aprovechará el convite de esta tarde para juguetear con la Autoridad Nacional de la Competencia y darle más poder al Ejecutivo en cuestiones sensibles de las empresas, en una nueva batalla de la guerra que sostiene el oficialismo con el sector privado.

La iniciativa es empujada por la senadora ultrakirchnerista Ana Almirón. El año pasado, la legisladora correntina y otras compañeras cristinistas presentaron un polémico proyecto de ley para declarar “nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

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