Consiguió dictamen la reapertura del canje en Diputados
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Hernán Lorenzino.
El ministro señaló que el Gobierno ya pagó "más de 2.000 millones de dólares por el corralito y el corralón, 20.000 millones de dólares por el Boden 12 y por los canjes de 2005 y 2010 casi 21.000 millones de dólares más".
Lorenzino apuntó a los fondos buitre y señaló que quieren "una ganancia del 1390%" sobre los bonos de la deuda que compraron "por muy bajo precio".
A la vez, dijo que el proyecto "ratifica la voluntad de Argentina de pagar al 7% que no entró en la reestructuración, en las mismas condiciones del 93% restante".
Consultado sobre qué hará la Casa Rosada si la Justicia estadounidense avala el pedido de los fondos buitre, el ministro aseguró que prefería "no adelantar hipótesis", al sostener que "confía en que esta ley y los argumentos que el Gobierno está dando ante la Corte sean tomados en cuenta".
Kicillof, por su parte, afirmó que la política de desendeudamiento aplicada desde 2003 permitió que en la Argentina la deuda externa "ahora represente menos un 10% del Producto Bruto Interno", cuando en 2001 era "de un 95%".
El jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, afirmó: "Vamos a votar a favor de la apertura del canje de deuda para que quede claro que la Argentina quiere pagar a todos sus acreedores por igual y para fortalecer así, la posición de nuestro país en los tribunales de Estados Unidos".
A su turno, el diputado Eduardo Amadeo, que habló en nombre del bloque Renovador de Sergio Massa, adelantó que mañana también acompañarán el proyecto en el recinto y señaló que "no se puede aceptar que ganen los fondos buitre".
"Apoyamos porque es una cuestión de Estado, porque para que el país crezca hay que resolver el tema de la deuda", aseguró Amadeo, aunque apuntó contra el "desmanejo económico que ha hecho que se pierdan reservas y el país está más débil para negociar".
El radical Miguel Ángel Giubergia evaluó que "si no hay un tratamiento estratégico, inteligente y profesional, la deuda se va a transformar en otra pesada carga para el país y sus futuros gobiernos".
Por su parte, Lozano consideró que "un gobierno que puso en manos de un banco norteamericano el pago, que cedió la posibilidad de que nos juzguen afuera, que al mismo tiempo tiene un estudio de abogados que está más ligado con los acreedores que con nosotros, es un gobierno que ha incumplido con su tarea de defender el interés nacional".
"El núcleo de nuestra diferencia es que el gobierno en ningún momento cuestionó la legitimidad de la deuda pública, por lo tanto, sentarse a discutir con acreedores sin decir que es ilegítima la deuda es sentarse en sus manos", dijo el economista al argumentar su dictamen alternativo.
El proyecto que se discutirá mañana establece que se autorizará al Poder Ejecutivo a realizar las actividades necesarias para reabrir el canje de la deuda, sin que "los términos y condiciones financieras que se ofrezcan sean mejores que los ofrecidos a los acreedores de la reestructuración" anterior.



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