El Gobierno nacional dispuso que el Ministerio de Modernización intervenga en forma previa en las contrataciones de personal del Estado por tiempo determinado, para la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales.
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De la misma manera se procederá con los contratos de locación de servicios personales con honorarios correspondientes a la máxima función, según estableció el decreto 227 del Poder Ejecutivo.
La medida alcanza también a las contrataciones convenidas para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional e internacional. Entre estos últimos se incluyen los acordados entre cada jurisdicción o entidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y los contratos de locación de obra intelectual prestados a título personal.
La actuación de la cartera de Modernización se aplicará en los casos de renovaciones o prórrogas de contratos en los cuales se modifique la equiparación retributiva al máximo nivel o categoría escalafonaria.
Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional facultadas para designar personal, en tanto, deberán comunicar al ministerio las contrataciones realizadas (o sus respectivas renovaciones o prórrogas) en el plazo de cinco días.
Esas áreas habilitadas a realizar contratos son una veintena, entre ellas la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); el Ministerio de Cultura; la Agencia Federal de Inteligencia; el grupo Banco Nación; el Instituto de Estadística y Censos; la Secretaría de Seguridad Interior; el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); y el Servicio Penitenciario Federal.
"El incumplimiento de la mencionada comunicación producirá la afectación del nivel de créditos pertinentes", advierte el decreto. Del mismo modo, los organismos descentralizados y demás entidades con facultades establecidas en leyes y normas especiales relacionadas con la administración de su personal, deberán requerir la opinión de Modernización en forma previa a efectuar las designaciones.
El decreto, que se publica en el Boletín Oficial, lleva la firma de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y del ministro Andrés Ibarra.
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