El gobierno cordobés que lidera José Manuel de la Sota logró anoche un espaldarazo crucial para redoblar su embestida contra la Casa Rosada por fondos adeudados, cuando la Legislatura local convirtió en ley un proyecto para abandonar el Pacto Fiscal acordado hace 20 años entre la Nación y las provincias.
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Con la aprobación legislativa, la Gobernación cordobesa podrá "denunciar" ese convenio, lo que en la práctica significa que da por extinguida la vigencia del pacto, y avanzar entonces con paso firme en su reclamo de fondos de coparticipación federal que el Estado nacional adeuda a la provincia.
"Primero, notificaremos a todas las jurisdicciones -que Córdoba denuncia el Pacto Fiscal-; segundo, intimaremos a la Nación; y tercero, recurriremos a la Corte Suprema", aseguró el jefe de Gabinete provincial, Oscar González, en momentos en los que la Legislatura se aprestaba a tratar el proyecto, con la presencia de De la Sota en el recinto.
"No nos pagaron 1.040 millones de pesos del año 2011, y ya nos deben 970 millones de pesos correspondientes a los siete primeros meses de este año. Es mucho, pero mucho dinero", enfatizó por su parte el gobernador, durante un discurso ofrecido a los miembros de la Unicameral.
Así, Córdoba busca que la Nación deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación, que esta provincia y el resto cedieron en 1992 para sostener el sistema previsional nacional, ante el desfinanciamiento que sufrió a raíz de la creación de las ex AFJP.
Si bien en 2008 el sistema previsional volvió a manos del Estado nacional, ese 15 por ciento nunca regresó a las provincias.
En la Legislatura, los parlamentarios iniciaron el debate alrededor de las 18.00 y tras deliberar durante unas cuatro horas, dieron por extinguido el acuerdo firmado en 1992 con la Nación, antes de que el oficialismo comenzara a tratar sobre tablas un proyecto de ley sobre el régimen jubilatorio.
La decisión del gobierno mediterráneo de avanzar con su reclamo en torno de la coparticipación se produce en momentos en los que la Provincia demanda al Estado nacional el pago de 1.040 millones de pesos en concepto de fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones del distrito.
La Procuración General de la Nación, mediante un dictamen, avaló este miércoles que sea la Corte Suprema de Justicia la que se encargue de resolver el litigio por los fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).
La iniciativa del gobierno cordobés para recuperar ese 15 por ciento de coparticipación, que daría oxígeno al sistema previsional de la provincia, fue incluso respaldada por sectores de la oposición, aunque no por el kirchnerismo, que entiende que la medida aleja aún más al distrito de la Casa Rosada, aparte de temer que esta decisión desencadene un "efecto cascada" en el interior del país.
Es más, recientemente agrupaciones K acusaron a De la Sota de llevar adelante una "gestión temeraria de las finanzas".
De todos modos, los legisladores que sí dieron su bendición al proyecto que el mismo gobernador envió al Parlamento local consideran que esta ley es necesaria para reclamar ante la Corte Suprema de la Nación los "recursos que le pertenecen" a la provincia.
"Hoy la Legislatura aprueba esto. Lo primero que haremos es notificar a todas las jurisdicciones, porque es una ley convenio en la que participaron todas las provincias, que se ha sancionado esta ley", sostuvo González, antes de acompañar a De la Sota al recinto legislativo.
"Segundo, intimamos a la Nación para que no nos retenga más el 15 por ciento y, si continúa, obviamente vamos a ir a la Corte Suprema para que ordene el cese de esas retenciones", subrayó el jefe de Gabinete cordobés, y agregó: "Esto lo hacemos con la idea de recuperar lo que es nuestro".
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