Sin declarar "feria", Corte definió "shutdown" parcial de la Justicia por coronavirus

Prestaciones mínimas en todos los juzgados con personal fuera de grupo de riesgo; se suspenden plazos procesales hasta fin de mes; sistema de licencias idéntico al Ejecutivo; todo digital, sin atención al público. Por primera vez, se usará el "Anticíclico".

Imagen: Wikipedia

Tal como había adelantado Ámbito Financiero, la Corte Suprema evitó dictar una feria judicial extraordinaria (por el momento) y en cambio, a través de una Acordada, decidió poner al sistema de administración de justicia en todo el país en modo “guardias mínimas”. Así, definió una suerte de “shutdown” parcial ante la crisis provocada por el coronavirus, pero en delicado equilibrio con las medidas restrictivas a la circulación que viene adoptando el Gobierno nacional. ¿Qué significa en lo concreto? Que se eximirá la concurrencia a los despachos de cualquier agente o magistrado que esté dentro de los grupos de riesgo, pero que los juzgados deberán garantizar su funcionamiento con el personal indispensable, liberando al resto de prestar servicios. En tanto, dispuso que del 16 al 31 de marzo, los días sean considerados “inhábiles”, estirando los plazos procesales, algo que era solicitado por los abogados, dado que no habrá atención al público. La Acordada fue firmada por unanimidad, lo que echó por tierra con versiones de internas que habían florecido durante el fin de semana, en las reuniones técnicas preparatorias. La decisión final contó además con un meta mensaje hacia adentro y hacia afuera: por primera vez desde que fue creado, se dispuso que el Fondo Anticíclico de la Corte sea el que financie la compra de insumos de emergencia, con un aporte inicial de $40 millones. El hecho es tan inédito como significativo en una lectura política del ecosistema del cuarto piso del Palacio.

Las conclusiones que, el domingo, los técnicos sanitarios del comité de crisis ofrecieron a los ministros proyectaban un escenario de crisis por coronavirus hasta el fin del invierno. Con ese panorama, los jueces evitaron recurrir al reclamo de “feria” en su acepción más conocida. Quién sabe si no lo tendrán que hacer más adelante ante una eventual resolución del Poder Ejecutivo. ¿Por qué “gastar” términos que podrían tener que aplicar a futuro? En el medio, la ansiedad por una postura concreta desde el cuarto piso se precipitaron resoluciones autónomas desde Casación (por Comodoro Py), la Cámara del Crimen (por el fuero penal ordinario), la Cámara Laboral, y la Procuración General –que con la firma de Eduardo Casal- dispuso medidas extraordinarias para licenciar al personal en grupos de riesgo y minimizar la circulación vía home office para las fiscalías nacionales y federales de todo el país. En los tribunales de Retiro, Casación se había remitido a una acordada previa que establecía la suspensión de audiencias orales y su reemplazo por memoriales y la utilización de videollamadas para evitar reuniones presenciales. Casi que no hacía falta: temprano el Tribunal Oral Federal N°2 consideró que no estaban dadas las condiciones para llevar adelante la audiencia en el juicio “Vialidad”, donde debía declarar el exfuncionario Javier Iguacel. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había calificado su status como de “asueto” hasta fin de mes sobre el medio día, y el superior Tribunal de Justicia porteño, junto al Consejo de la Magistratura local y la Fiscalía General dispusieron “guardias mínimas y suspensión de plazos procesales”, una vez que la Corte había firmado su Acordada.

Tras deliberar –cuarto intermedio incluido- y en un contexto de inquietud judicial, la Corte definió que las dotaciones mínimas estarán a cargo de jueces y funcionarios en lo que denominó “progresivo plan de contención infectológica”. Allí incluyó licenciar a personal sobre los 60 años, justificar la ausencia de quienes tengan hijos en edad escolar y asegurar que no haya más presentaciones personales, sino que todo se tramite en formato digital, con firma electrónica. A renglón seguido “abrieron” el Fondo Anticíclico ante las necesidades extraordinarias de insumos que requerirá la situación de emergencia. La “prestación mínima” deberá ser cubierta por personal sin factores de riesgo y licenciar al resto con goce de haberes. Suspender la atención al público a excepción de actos procesales indispensables que necesiten contar con presencia de letrados, pero permitir la habilitación de días y horarios para “asuntos que no admitan demoras”. Todas las licencias “voluntarias” deberán ahora ser coordinadas con las respectivas Cámaras, lo mismo que la reasignación de magistrados en caso de que no se pudiera garantizar la guardia mínima para que siga funcionando debido a las licencias. En cuanto se detecte un caso sospechoso o confirmado, todo el personal de ese juzgado será licenciado y los despachos cerrados.

Otro dato central respecto a la diferencia entre la reclamada feria y lo que dispuso ayer la Corte es que el máximo Tribunal no suele fallar durante un receso de esas características. Hoy ocurrirá todo lo contrario, y en el Acuerdo se tratarán múltiples expedientes, algunos, incluso, con alto voltaje político.