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El caso servirá para que cierre el gobierno un acuerdo con la Corte que le permita evitar la andanada de devoluciones de depósitos que ocurrirá cuando se cumplan los 15 días que les dio la Corte a los tribunales inferiores para que se dediquen exclusivamente a resolver los pedidos de amparo. La única vía que tiene hoy para evitarlo es o declarar el estado de sitio o lograr de la Corte una acordada que obture el drenaje de los depósitos.
En la segunda audiencia convocada por el tribunal para escuchar a las partes (el gobierno nacional, el de la provincia, los técnicos del Banco Central), los jueces anunciaron que ofrecerán en una nueva convocatoria una fórmula para resolver el entuerto. El camino de solución servirá, además, para cerrar la pelea entre el gobierno de Eduardo Duhalde y el cuerpo que presidente Julio Nazareno, abierta con escaso tino apenas el bonaerense se hizo con la presidencia de la Nación.
Lo que propondrá para este último caso es que se le dé a la administración provincial el mismo tratamiento que a un banco, tratándose de ese dinero depositado de una «reserva» para ser usada como aval de otras operaciones o atender contingencias de futuro, y no una colocación con interés de lucro a cambio de una tasa. En ese sentido, la propuesta de la Corte sería sugerirle al Estado nacional que le reconozca a San Luis ese depósito mediante un bono de los descriptos en el Decreto 410/2002. Se trata de un papel que reconoce a los bancos una compensación por la pérdida de cartera por la pesificación y cubre la diferencia entre los $ 1,40 y un valor mayor del dólar en el mercado financiero.
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