28 de agosto 2024 - 16:14

Manuel García Mansilla, defendió su candidatura a la Corte Suprema: desprestigio de la Justicia, dolarización y coparticipación

El abogado constitucionalista respondió preguntas en la Comisión de Acuerdos del Senado, en donde aún no cuenta con los avales para ingresar a la Corte.

El abogado Manuel García Mansilla es uno de los candidatos de Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Manuel García Mansilla es uno de los candidatos de Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia.

Foto Senado

Después de la presentación en el Senado de Ariel Lijo, este miércoles el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla defendió durante siete horas su postulación a la Corte Suprema de Justicia. El candidato propuesto por el oficialismo expresó que al cargo se lo ofreció Santiago Caputo: “No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono".

Actualmente la Corte cuenta con cuatro miembros tras la salida de la jueza Elena Highton de Nolasco. El Gobierno pretende que ese lugar sea ocupado por Lijo, mientras que García Mansilla podría ingresar en diciembre cuando el Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años. Sobre Lijo existen expresiones de disidencia concretas de la UCR, PRO e incluso del oficialista Francisco Paoltroni, mientras que el segundo candidato de Milei cuenta con impugnaciones por posturas de índole reaccionario, como su oposición al Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Abogado constitucionalista de 54 años, Manuel García Mansilla inició su alocución remarcando su crianza en tres provincias argentinas (Río Negro, Misiones y Salta) y sus primeros años de estudio en la ciudad de Buenos Aires: "Arranqué desde lo más bajo que se puede y recorrí todo la carrera de un abogado".

Senadores Manuel García Mansilla
García Mansilla junto a senadores, en la previa de la audiencia.

García Mansilla junto a senadores, en la previa de la audiencia.

A su vez, interpretó que "los legisladores pueden apelar a sus convicciones morales y a la necesidad de atender reclamos sociales para modificar las leyes" mientras que los jueces "no pueden hacer eso en ningún caso". "Fomentar ese comportamiento por parte de los jueces es una forma inaceptable de liberarlos de los límites que la propia Constitución también les impone a ellos", agregó.

El abogado admitió el desprestigio actual del Poder Judicial y se lo atribuyó a "el hecho de que varios jueces en varias oportunidades no aplican la ley, o al menos esa es la percepción de la población". "A veces el Poder Judicial promete más de lo que puede dar y a veces interfiere en soluciones sistemáticas", opinó. Amparado en su trayectoria técnica y académica, omitió respuestas comprometedoras sobre el protocolo antipiquetes, condenas al negacionismo o el DNU 70/2023 de Javier Milei.

García Mansilla finalizó un máster en la universidad estadounidense de Georgetown y un doctorado en Derecho por la Universidad Austral, en donde actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho. Se le reconocen ocho años de trabajo en en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más importantes del país, y una década de asesoramiento legal para empresas de la industrial del gas y el petróleo, lo que lo llevó a convertirse en Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

En sus intervenciones de mayor incidencia política, participó "en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos" y "de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial". En el 2016, expuso en una audiencia pública a favor del aumento de tarifas hechas durante la gestión de Mauricio Macri. Su tesis de Maestría, bajo el título "La crisis de la separación de poderes, el caso de Argentina", fue crítica sobre el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Guadalupe Tagliaferri Senado
Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos.

Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos.

Senado: preguntas a Manuel García Mansilla

Las preguntas de los senadores al candidato Manuel García Mansilla buscaron dilucidar su opinión sobre causas vigentes o sobre las posiciones de la otra postulación oficialista para la Corte, Ariel Lijo. En ambas situaciones, el abogado eligió respuestas técnicas con citas jurisprudenciales, que evitaban comprometer su candidatura o la del propio Lijo. También eludió las consultas de índole ambiental y el posible conflicto de intereses que representa su trayectoria en el sector energético y petrolero: "Es irrelevante lo que yo piense".

Una de las posturas más controversiales de García Mansilla tienen que ver con su oposición a la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese marco, entendió que "es indispensable que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las que se están sancionando. A su vez señalé que había trece constituciones provinciales que reconocían el derecho a la vida expresamente desde la concepción". "Voy a analizar cada caso con la mente abierta, analizar los argumentos de cada una de las partes y considerar las dimensiones humanas en juego", afirmó, en la eventual situación de que reciba una causa vinculada al aborto como juez de la Corte.

Otro de los puntos de confrontación que se preveían es la actual falta de mujeres en la composición de la Corte Suprema. En ese marco, el abogado reconoció que "es una cuestión muy trascendente pero que no impide a un candidato mujer o varón aceptar una nominación"; mientras que se diferenció del caso de Lijo: "Mi nominación no reemplaza a una mujer". Luego buscó desmitificar otra versión: "Está muy lejos de mí tener un sesgo antiperonista", aseguró.

Senado Manuel García Mansilla
Audiencia de Manuel García Mansilla en el Senado.

Audiencia de Manuel García Mansilla en el Senado.

El abogado fue consultado sobre la constitucionalidad de la dolarización: “Asumamos que para dolarizar se confiscan todos los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario; esa dolarización sería flagrantemente inconstitucional por violación del derecho de propiedad”. Sin embargo, si la dolarización se hace vía de un tratado de integración en el marco del artículo 75 [...] podría ser constitucional". “Este Congreso de la Nación le ha dado curso legal a monedas extranjeras en el pasado en varias oportunidades”, añadió.

A su vez, entendió que “la Ley de Coparticipación es una deuda; se van a cumplir 30 años de la reforma del '94 y no se ha dictado la ley convenio, que tiene alma de contrato y cuerpo de ley. Una de las dificultades que provocó esto es una interpretación que plantea que se necesita la unanimidad de las provincias". "En la medida que estén dadas las condiciones políticas para negociar esa ley, hay argumentos razonables para poder arribar a un acuerdo y que este Congreso sancione una ley de Coparticipación con una mayoría especial", sugirió.

Ariel Lijo defendió su candidatura a la Corte Suprema en el Senado y pidió bajar la litigiosidad

El pasado miércoles, el juez Ariel Lijo defendió durante ocho horas su postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Acuerdos del Senado. "Hoy la Corte está integrada por académicos y jueces que provienen de distintos sectores de la actividad jurídica; yo seré un representante del Poder Judicial allí", consideró y agregó: "El Poder Judicial debe dar cuenta de que aprendió de las experiencias positivas y negativas".

Ariel Lijo audiencia.jpeg
Ariel Lijo en su presentación en el Senado, el pasado miércoles.

Ariel Lijo en su presentación en el Senado, el pasado miércoles.

En el inicio de su alocución, Ariel Lijo le agradeció al Presidente de la Nación por proponerlo para la Corte Suprema y destacó que "le dediqué mi vida al Poder Judicial". "Es este el lugar donde yo debo dar explicaciones y formular respuestas que ustedes requieran sobre mis aptitudes y actos para el cargo que fui nominado", apuntó.

Luego de exponer un desarrollo de su trayectoria profesional, afirmó que priorizará la "continuidad de la práctica constitucional, que nos hace crecer como república y aporta soluciones institucionales y no personales" y pidió "dinamizar los procesos de producción de sentencia" y "encontrar mecanismos que simplifiquen y bajen el nivel de litigiosidad que llegan a la Corte por diversas vías".

"Me parece que la Corte debe trabajar esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas para los problemas que tienen las personas", analizó y entendió que es necesario expandirse a través de "convenios con iglesias de todos los credos y otros actores de la sociedad civil para establecer delegaciones a donde hay mayor nivel de conflictividad".

Informe de Fernando Brovelli.-

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