Corte: Vázquez planteó nulidad de suspensión

Aunque el tucumano Ricardo Falú esté empeñado en lograr una nueva vacante en la Corte Suprema de Justicia en los primeros días de marzo, no es seguro que lo logre. Antes, deberá resolver sobre las objeciones que el juez supremo Adolfo Vázquez realizó sobre el dictamen de acusación, lo cual implica una demora no deseada por el presidente de la Comisión de Juicio Político.

Vázquez cabalgó sobre varios aspectos que -a su entender-presentan vicios que, de ser tenidos en cuenta, devendrían en nulo el juicio político.

Por caso, sostiene:

. Que el dictamen no incorpora en la Orden del Día Nº 3.423, una nota que fue remitida por la entonces diputada Marta Milesi (ver Río Negro), en la que señala su abstención de firmar el dictamen a seis días de concluir su mandato. En esa misiva ( ignorada), Milesi considera como una actitud «poco prudente» tener que expedirse en uno u otro sentido sobre la acusación a Vázquez a poco de dejar su banca (este diario ya señaló esta curiosidad). Algo que -según el ministrodebió ser imitado por el resto de los diputados salientes y no lo hicieron.

. No es menor la insistencia (ya lo había hecho Eduardo Moliné O'Connor y también fue ignorado) en reiterar que los matriculados como abogados en la Justicia federal que tienen litigios pendientes ante la Corte deben de excusarse de actuar en este juicio. Además de esta cuestión, Vázquez incorpora como causa de excusación la intervención que tuvieron los diputados Nilda Garré (Frepaso), el radical Carlos Iparraguirre y el kirchnerista Falú ante el Supremo Tribunal cuando pidieron la nulidad y recusaron a los conjueces que fueron designados para intervenir en los planteos que realizó Moliné contra la suspensión que le aplicó el Senado. Dos de los tres diputados (Iparraguirre finalizó su período) cuestionados siguen al comando del juicio político.

. El otro cuestionamiento, obvio, está centrado en el juzgamiento de los jueces por el contenido de sus sentencias. La Comisión de Juicio Político de Diputados, ya en 1998, había sostenido que no correspondía al Parlamento interferir en la órbita del Poder Judicial aprobando o desaprobando sus fallos. Ahora, con este juicio político pareciera que cambia esa doctrina y convierte al Congreso en una especie de supertribunal, arbitro final de las contiendas judiciales. De este modo, impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los jueces que no siguieran su dictado. Un contrasentido que viene a redundar en la desaparición del control de constitucionalidad de las normas emanadas del Parlamento, tantas veces reclamada por el gobierno de Néstor Kirchner. Ergo: un juez que cuestiona la leyes del Congreso podría ser destituido inmediatamente. Sólo quedarían aquellos que no declaren la inconstitucionalidad de sus leyes.

. Los legisladores vuelven a contradecirse cuando en el dictamen sostienen que «esta imputación de cargos de mal desempeño no constituye un acto de voluntad caprichoso, sino, por el contrario, se trata de una facultad constitucional que resulta del ejercicio obligatorio para el Congreso». Si es obligatorio, entonces cabría suponer que es admisible que no medie formación de causa y posterior destitución, aun acreditados los extremos de culpabilidad investigados. La cuestión no parece una inocencia. Supone un acto de defensa ante la posibilidad de que el poder político decida «salvar» a otros jueces que han firmado los mismos fallos por el cual está siendo juzgado Vázquez y que significó la destitución de Moliné y la renuncia de Julio Nazareno y Guillermo López.

. Con respecto a las causales de «mal desempeño» que se le imputan a Vázquez por los casos Meller y Macri, el juez de la Corte sostiene que, si al Consejo de la Magistratura se le prohíbe por ley castigar a los jueces por sus sentencias, mal podría hacerlo el Congreso, so pena de incurrir en una violación de la ley que creó.

Sobre los casos Magariños y Dragonetti de Román, Vázquez afirma que se trata de sustituir por parte del Congreso la interpretación que la Corte otorga a sus facultades disciplinarias que según entiende-le corresponde sólo al Tribunal porque se basa en una ley que así lo establece.

La incógnita sigue siendo cómo harán los 120 nuevos diputados para votar la acusación contra Vázquez, tal cual adelantó este diario la semana pasada, cuando todavía muchos de ellos ni siquiera han leído su contenido y desconocen detalles que podrían sumergirlos en contradicciones profundas que tendrán efectos graves a futuro.